La CNI debería haber localizado a Puigdemont para evitar el ridículo

El Gobierno de progreso que preside el doctor Sánchez parece asistir como un mero espectador al nuevo desafío del fugado Puigdemont al Estado. Bolaños ha sido el encargado de apuntan a los mossos d`Esquadra como responsables del fracaso. Por cierto, que en el acuerdo del PSC con ERC, se prevé un incremento notable de sus plantillas y despliegue, lo que se complementa con una reducción paralela de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado, y la asunción de nuevas competencias en el espacio marítimo, que ahora tiene asignadas la Guardia Civil. Y todo esto se desprende del acuerdo de legislatura entre la organización territorial del PSOE en Cataluña y el independentismo.

“La fuga de Puigdemont 2 o bis” se justifica culpando, por un lado, al Tribunal Supremo por no aplicarle la amnistía, con un renovado ataque a los jueces, y a la obsesión persecutoria del Estado contra un político que cumplió su compromiso de apoyar a Pedro Sánchez con sus siete votos para alcanzar la presidencia del Gobierno, con toda lealtad. En este contexto, Puigdemont se ve forzado a esta actuación para remarcar su compromiso, pese a las adversidades, su lealtad al pueblo de Cataluña. De paso se sobrepasa el contenido referente del acuerdo de Illa con el independentismo, los efectos de sus cesiones y el pacto mismo, del que se desprende un trato de “bilateralidad” entre la nación catalana y la española, y el rediseño del propio Estado, empezando por el sistema fiscal.

¿Cómo se puede decir que se ha vencido al independentismo si, desde el propio texto del acuerdo y la definición de los firmantes, se asume el relato, la historia, las mixtificaciones y los objetivos del separatismo en contra de los propios principios, definiciones y documentos base sobre la materia del PSOE como la Declaración de Granada? No en vano socialistas de relieve como el ex ministro Jordi Sevilla (el que enseñó economía a Zapatero “en dos tardes”), y el propio Felipe González han remarcado lo inaceptable del acuerdo e incluso invitan a los diputados del partido en su conjunto a no apoyarlo.

Y dentro de la perplejidad, más allá de la fuga, uno lee con asombro que los habituales avaladores del sanchismo, emiten comunicados donde se llega a afirmar que no era competencia de los servicios de inteligencia del Estado investigar el desafío de quien afirma que su objetivo es la secesión, mediante pacto o a la brava. O sea que, ante las amenazas y anuncios del fugado, por tratarse de una cuestión “política”, deberían haberse abstenido de facilitar al Gobierno la información necesaria para que los mossos d´Esquadra pudieran cumplir con eficacia su función de policía judicial.

Esta insólita interpretación del protosanchismo ignora que en la propia exposición de motivos de la Ley de creación del CNI (Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Jefatura del Estado “BOE” núm. 109, de 07 de mayo de 2002 Referencia: BOE-A-2002-8628) se dice “La sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional, regidos por los principios de control y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico”. Y en ese sentido, la propia web de la institución al presentarse ante los españoles afirma: “Estamos adscritos al Ministerio de Defensa y colaboramos con distintos organismos de la Administración, entre ellos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Actuamos siempre bajo la supervisión y el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”. Por ello, entre sus funciones destaca estar al servicio de los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Y más claramente, el artículo 4 de la citada ley señala entre sus misiones: “Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio nacional”. O sea, que el desafío al Estado de Puigdemont no le competía.