Caridad obligatoria

La última decisión del Gobierno en materia de vivienda vuelve a evidenciar una peligrosa mezcla de ideología y desconocimiento de la realidad del mercado. La prórroga por un año más de la prohibición de desahuciar a personas consideradas vulnerables convierte, de facto, a los propietarios en almas de la caridad forzosa. Una decisión que, además, se adopta con el apoyo de los bilduetarras, lo que añade un componente ideológico que nada tiene que ver con la búsqueda de soluciones eficaces. El Ejecutivo vuelve a equivocarse al delegar en los ciudadanos una responsabilidad que corresponde al Estado. La protección de los más vulnerables no puede basarse en obligar a terceros a asumir pérdidas económicas indefinidas, ni en vulnerar el derecho a la propiedad privada. La caridad, cuando es obligatoria, deja de ser caridad para convertirse en abuso.

Lo más grave es que el Gobierno parece no darse cuenta -o quizá sí- de que este tipo de medidas expulsan del mercado del alquiler precisamente a las personas que dice proteger. Ante la inseguridad jurídica, muchos propietarios optan por retirar sus viviendas del alquiler, venderlas o destinarlas a otros usos. El resultado es menos oferta y precios más altos. La "inquiocupación", al igual que la ocupación ilegal, es un problema real. Negarlo no lo hace desaparecer. Miles de viviendas han salido ya del mercado por el miedo a impagos prolongados o a destrozos que nadie compensa. Cada vivienda que se pierde es un empujón más al alza de los precios y una barrera añadida para quienes buscan un hogar.

El Gobierno insiste en recetas que ya han demostrado su fracaso y hasta Bruselas lo ha advertido recientemente. La solución es conocida, aunque políticamente parece incómoda para algunos. Hay que construir más, liberar suelo, agilizar licencias, reducir la asfixiante burocracia y ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inversores. Sin confianza, no hay mercado; sin mercado, no hay viviendas. La política de vivienda no puede basarse en consignas ni en castigar a quien cumple la ley. Mientras el Gobierno siga confundiendo intervención con solución, el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los grandes fracasos de las legislaturas de Pedro Sánchez. Y los perjudicados, como siempre, serán los ciudadanos.