Rafael Torres
La eutanasia de Noelia
La dirección del PSOE –un órgano al servicio del presidente que no admite ni practica el más leve asomo de autocrítica- ha decidido basar toda la defensa que la publicación de los correos intercambiados entre Sánchez y Ábalos necesita, en dos únicos caminos aparentemente contradictorios pero en la práctica yuxtapuestos. Una primera vía que argumenta la ilicitud próxima al delito que lleva aparejada semejante práctica. Y otra segunda, que niega todo valor y trascendencia a su contenido. Cualquier espectador imparcial se preguntaría cómo es posible mantener juntas ambas tesis. Si los textos que se manejan no tienen trascendencia alguna y son “pura casquería” como los definen las palabras pronunciadas por el ministro sin cartera Óscar López, uno se pregunta a qué viene iniciar un fárrago de acciones legales para castigar a quien los hubiera filtrado… El grave problema es que esa dirección del PSOE que se mueve en los terrenos pantanosos que implican negarse a sí mismo sabe que sí hay materia, y tiene conciencia sin duda de la profundidad del roto y el alcance de su influencia. Sabe además –y el primero en saberlo es Félix Bolaños ministro de Justicia- que desde el punto de vista estrictamente jurídico es delicado y tal vez inútil enfrascarse en un intento por convertir este episodio en delictivo sin que exista base jurídica sólida para hacerlo, exponiéndose a recibirlo en pleno rostro como el vuelo de vuelta de un boomerang, y exponiéndose a perder más pelos en la gatera de los que este PSOE vergonzante que el sanchismo ha construido, que los perdidos hasta el momento.
La lectura que está imponiendo el sanchismo a un conjunto de situaciones que cada día se oscurecen un punto en comparación con la jornada anterior, consiste por el momento en negarlo todo y culpabilizar al primer partido en la oposición de desarrollar una campaña mentirosa y fraudulenta, pero este argumento comienza a evaporarse a pesar de los esfuerzos que entidades afines llevan a cabo para salvar la cara –desde los medios de comunicación aliados con el impresentable programa de Jesús Cintora a la cabeza o la propia fiscalía- cuyos planteamientos tienen forzosamente fecha de caducidad. El uso y el abuso del Consejo de Ministros y todos sus recursos para negar la mayor tiene un límite y ese límite está muy cerca.
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