Cambiar locales por viviendas: adaptarse a la realidad

Hay decisiones políticas que responden a una necesidad coyuntural y otras que evidencian la capacidad de un gobierno para interpretar los cambios que experimenta la sociedad. La flexibilización del cambio de uso de locales comerciales a viviendas impulsada por la Xunta de Galicia pertenece, sin duda, a este segundo grupo. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de junio de 2026, que fija doctrina al establecer que los arquitectos son los únicos profesionales habilitados para redactar proyectos de cambio de uso de local a vivienda conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, aporta la seguridad jurídica necesaria a un procedimiento que cada vez tendrá mayor protagonismo.

Algunos sectores políticos extremistas y anclados en la prehistoria han querido presentar esta iniciativa como un supuesto ataque al comercio tradicional. Nada más lejos de la realidad. Nadie pretende sustituir comercios por viviendas ni vaciar de actividad nuestras calles. Lo que se persigue es ofrecer una solución útil para miles de bajos que llevan años cerrados, sin demanda comercial y, en demasiadas ocasiones, convertidos en espacios degradados que restan dinamismo y atractivo a nuestros barrios.

La realidad económica ha cambiado profundamente en la última década. El comercio electrónico ha transformado los hábitos de consumo; los costes laborales y energéticos han aumentado; la presión fiscal continúa siendo elevada para muchos pequeños empresarios; el absentismo laboral preocupa a numerosos sectores; escasea el relevo generacional y cada vez resulta más difícil encontrar trabajadores cualificados. El resultado está a la vista. Cada año desaparecen cientos de negocios familiares que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de nuestras ciudades y villas. Al cierre de 2025 Galicia registraba 9.420 locales y bajos vacíos dentro del circuito de comercialización. No se trata de una situación coyuntural, sino de una transformación estructural de la economía que ninguna administración responsable puede ignorar. Precisamente por ello, el gobierno de Alfonso Rueda, optó por adaptar la normativa a una realidad completamente distinta de la existente cuando se aprobaron las normas de habitabilidad en 2010. La reforma que entró en vigor en octubre de 2023, eliminó rigideces administrativas que dificultaban la reconversión de estos espacios manteniendo intactas las exigencias de calidad, seguridad y habitabilidad. Posteriormente, la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de Galicia para 2025 reforzó esta estrategia favoreciendo el aprovechamiento residencial tanto de locales terciarios como de determinadas edificaciones inacabadas. No es una cuestión menor. En un momento en el que el acceso a la vivienda constituye una de las mayores preocupaciones sociales y donde en determinadas ciudades apenas existe suelo disponible para nuevas promociones públicas, aprovechar el parque inmobiliario ya construido representa una decisión tan lógica como sostenible. Cada local vacío que puede convertirse en una vivienda habitable supone una oportunidad para ampliar la oferta residencial sin consumir más territorio, regenerar espacios urbanos y dar una nueva utilidad a inmuebles que, de otro modo, continuarían cerrados durante años. Transformar locales sin uso en viviendas constituye, sencillamente, una solución de sentido común. Ese es, probablemente, el principal acierto del Gobierno presidido por Alfonso Rueda: afrontar los desafíos desde el realismo, adaptando las normativas a los cambios sociales y económicos.