Ataque a la soberanía de España en Ceuta y Estado de Sitio

Aunque no sea la primera vez que de sus palabras se desprende la misma conclusión, otra vez Pedro Sánchez parece convencido de que los españoles somos esa gran masa de bóvidos que en su famoso artículo “Delenda est monarchia” que decía Ortega. Sánchez miente, sabemos que miente y él sabe que sabemos que miente. Todo le sirve para huir de sus propias responsabilidades. Con ese habitual cinismo orgánico lo acabamos de ver en su comparecencia en Ceuta, en tanto cientos de invasores seguían cruzando la frontera ante la impotencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ejército seguía en los cuarteles, mientras él alababa las buenas relaciones y la colaboración de Marruecos.

Como no podía ser de otra manera, en su comparecencia en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, denunció “la violación y ataque a la integridad territorial de España”, tras el aluvión de unos 50.000 inmigrantes irregulares que, según las cifras del Gobierno, entraron el jueves en Ceuta, de manera irregular, desde Marruecos. Pero la pregunta es si se ha producido una violación de la soberanía española, ¿qué había hecho y su gobierno para evitarlo. En ese sentido, pese a los reproches iniciales, hay que devolver al CNI la confianza, porque se confirman las evidencias de que este organismo cumplió rigurosamente con su debe con respecto a esta nueva invasión.

Las palabras de Sánchez dieron la impresión de que el asunto no era tan grave cuando dijo simplemente que “Ceuta es una ciudad española, y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche y toda nuestra condena, en el nivel más enérgico posible de rechazo”. Pero en el mismo discurso “agradeció” la cooperación de Marruecos, y su disposición a agilizar las repatriaciones tras la avalancha. ¿La serie de vídeos que muestran la nula actuación de la policía de fronteras de Marruecos, la propia logística de la invasión prevista con todos los elementos para su éxito dejó a todos atónitos ante las disculpas de Sánchez sin reproche alguno a Marruecos, con cuyas autoridades dijo haber mantenido una interlocución mantenida?

Y cómo que había que buscar otro origen a lo, según todos los analistas, ha sido un nuevo ensayo de la monarquía de Mohamed VI, como las dos anteriores, para ver la capacidad de resistencia de España, ahora que la sabe más aislada que nunca, mientras a él lo asisten los Estados Unidos, Israel y Francia. Pero para Sánchez el origen de todo estuvo en la “lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera las de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe por tierra”. Pese a afirmar que su Gobierno había reaccionado con eficacia se tardó más de doce horas en desplazar al Ejército e incrementar los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, mientras seguían entrando a miles inmigrantes ilegales.

Pero por encima de todo ello, hay dos cuestiones de fondo. La primera es si, dado el ataque a la soberanía del Reino de España no debería desplazarse a Ceuta y Melilla el propio jefe del Estado, para reafirmarlo con su presencia. La otra, la propia aplicación del artículo 116 de la Constitución ante la gravedad de los hechos. El Gobierno ha desistido de establecer, como pedía al unísono el gobierno de Ceuta el Estado de Alarma, por entender que no era del caso. El artículo 116 de la Constitución Española de 1978 establece las situaciones extraordinarias en las que el gobierno puede tomar medidas excepcionales para mantener la seguridad, el orden público y el funcionamiento de las instituciones. Una de ellas es el Estado de Sitio que declara cuando hay una insurrección armada o un levantamiento violento que pone en riesgo la soberanía, la independencia o la integridad territorial del país. En ese caso, el gobierno transfiere temporalmente a las autoridades militares el control de ciertas funciones, como mantener la seguridad y el orden público en los territorios afectados. La declaración del estado de sitio debe ser aprobada por el Parlamento, quien determina su duración y alcance.

En este caso, algunos juristas consideran que podría estar justificada el estado de sitio, y como se ha visto de han producido ya saqueos, allanamientos y otros episodios semejantes de forma violenta.