José Teo Andrés
Asunto resuelto, 30 años después
El Tribunal de Galicia acaba de zanjar que el Concello le debe 4,5 millones de euros al Puerto por el arreglo del paseo marítimo que se desplomó durante el concierto final del Marisquiño en agosto de 2018. El ayuntamiento había firmado en 1992 un convenio con el Puerto y Zona Franca, conocido como Abrir Vigo a Mar, por el que asumía los trabajos de conservación de las estructuras construidas, pero decidió que no le tocaba el paseo hundido. Finalmente, el Puerto aprobó reconstruirlo por su cuenta, pero dejó el asunto sobre el gasto realizado en manos de los tribunales, que han fallado en el sentido esperado, a tono con las sentencias anteriores que ya había al respecto. Queda un recurso ante el Supremo, que llegará, pero difícilmente va a cambiar el sentido de la resolución, que parece muy clara y fundada.
Aquel convenio de los años noventa permitió poner en marcha el primer programa serio de transformación urbana de Vigo, creando espacios para el encuentro donde había aparcamientos, tráfico y hasta una vía del tren. Ahí están el túnel de Beiramar-Areal, el edificio de la Xunta, la plaza de la Estrella, los jardines de Montero Ríos, el centro comercial A Laxe y, por supuesto, el paseo marítimo, renovado por la Autoridad portuaria.
Es posible, más bien seguro, que el resultado final se quedó por debajo de las expectativas por los tijeretazos en algunas propuestas, en especial el derribo de la piscina del Náutico y la construcción de un acuario en el muelle de Trasatlánticos, donde hoy están las naves que usó durante años la empresa de víveres Casa Pepe y cuya nueva utilización está pendiente de fijar por el Puerto. Lo más probable es que se destinen al disfrute ciudadano, lo que después de todo sería una especie de inesperado punto final de Abrir Vigo al Mar, treinta años después
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