4.000 viviendas públicas para 4.000 familias gallegas

El aumento del parque social de viviendas se traduce, de entrada, en beneficiar la accesibilidad a la misma a más de 16.000 gallegas y gallegos. Y este positivo y necesario primer retorno a la ciudadanía no es el único, no lo es. Y me explico: uno de los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial en Galicia es estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda, y lógicamente, no ser propietario de una vivienda. Pues bien ... con la incorporación de 4.000 familias que actualmente residen de alquiler y que, en los próximos meses, (según se vayan adjudicando al rematar su construcción) van a residir en una de esta cuatro mil viviendas públicas, se liberaliza hacia el circuito de comercialización de viviendas en alquiler la practica totalidad de las mismas. Con lo que, estaríamos a la vez duplicando la oferta de vivienda en arrendamiento en el mercado libre. Y en este punto es importante que sepamos que la oferta de vivienda en alquiler en el circuito de comercialización en el mercado libre, y en el conjunto de los 313 Concellos de Galicia, fluctúa en los últimos años en una horquilla que oscila entre las 2.800-3.500 viviendas. Con lo cual, y de manera gradual, se estaría duplicando a la vez la oferta de vivienda libre en alquiler en Galicia. De esta manera, se va redundar en una estabilización de los precios, e incluso una reducción de los mismos en los municipios donde más viviendas se incorporen. Es decir, las siete ciudades de Galicia y sus áreas metropolitanas.

Todo ello con un firme compromiso, por parte del gobierno de la Xunta de Galicia, el de mejorar la accesibilidad a la vivienda a nuestros jóvenes. Para tal fin, una de cada cuatro viviendas públicas en propiedad estarán reservadas para jóvenes menores de 36 años. Y en el caso de viviendas públicas en alquiler,el porcentaje reservado se incrementaria hasta el 40%, y así lo ha anunciado públicamente el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Y todo tiene su razón de ser. Según el ultimo informe del Consejo de la Juventud de España, se afirma que el 27% de los jóvenes de entre 20 y 40 años no se ha independizado aún, una cifra que asciende a más de la mitad (55%) entre los menores de 27 años. Entre los obstáculos, el elevado precio de la vivienda es señalado por el 80% de los encuestados, una situación que se agravada con la falta de ingresos suficientes (65%), la falta de ahorro inicial (54%) y la inestabilidad laboral (53%).Como resultado, solo un 15% de los jóvenes que aún viven en casa de sus padres cree que podrá comprar una vivienda en los próximos cinco años.

Y no puedo finalizar esta columna sin aplaudir la Propuesta de Ley impulsada por el Partido Popular en el Senado, para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas.Iniciativa que tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones.

Todo ello en un contexto en el que,con los datos del Ministerio del Interior,ha habido un alza del 7,4% frente al año anterior en las ocupaciones de propiedades.

Por lo que, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, es imprescindible para que se animen a sacar al mercado del alquiler sus viviendas vacías, ya que, en caso de que el inquilino deje de abonar las mensualidades del arrendamiento y los correspondientes gastos, los dueños no tendrán que hacerse cargo del coste de los suministros. Ahora ... a esperar el devenir de la Propuesta de Ley en el Congreso de diputados...