El tripartito avala su gestión de Ojea y el PP reta a demostrarlo

El conflicto político por las naves de Ojea en Cangas suma un nuevo capítulo, con el foco puesto ahora en la transparencia del expediente. El PP ha elevado la presión sobre el gobierno local y le exige que haga públicos los documentos que, según el ejecutivo, acreditarían que se atendió el requerimiento de Costas del Estado emitido el 21 de marzo de 2024.

Los populares mantienen que el Concello nunca respondió a ese trámite, considerado “imprescindible” para avanzar en la concesión de los terrenos, y sostienen que la situación sigue bloqueada. Si bien ni un bando ni el otro ha querido desvelar el contenido de este documento. La alcaldesa, Araceli Gestido, al ser preguntada por esta cuestión asegura “no recordar” lo que se pedía. A modo de justificar la correcta gestión de la cesión, la regidora trasladó a este medio un pantallazo con el listado fechado de la tramitación de 2024 y 2025 sin que de esta forma se pueda verificar el significado de cada uno de las notificaciones recibidas y emitidas al no permitir el acceso a los adjuntos.

En este contexto, el principal partido de la oposición interpreta que la solicitud presentada en diciembre ante la Xunta, tras asumir esta las competencias sobre el litoral en julio de 2025, supone en la práctica reiniciar el procedimiento desde cero. Uno de los puntos centrales de la crítica del PP es el contenido de esa nueva documentación. Según denuncian, el gobierno municipal habría remitido a la Xunta un acuerdo plenario aprobado en 2024 junto con un anteproyecto fechado en 2012 (con Sotelo en la alcaldía), en lugar del proyecto más reciente que el propio ejecutivo presentó públicamente el pasado año. A su juicio, estos documentos no responden a las exigencias trasladadas en su día por Costas del Estado. Por el contrario, Gestido afirma que ambos proyectos ya están en manos de la administración autonómica.

Para la oposición, este desfase en las fechas evidencia que no existe un avance real en la tramitación y refuerza su acusación de que el gobierno local ha estado “simulando gestión” durante meses. Por ello, han lanzado un desafío directo a la alcaldesa para que publique tanto la supuesta respuesta al requerimiento estatal de marzo de 2024 como el expediente completo remitido en diciembre a la administración autonómica.

El gobierno local rechaza las acusaciones. Defiende que los trámites se han ido adaptando a los cambios normativos y competenciales en el litoral y sostiene que el procedimiento sigue su curso dentro de la legalidad administrativa, negando cualquier irregularidad en la gestión del expediente.

Dos polos opuestos de una cuestión objetiva que quedaría zanjada mostrando el documento de la discordia y la fecha en que fue remitido por el Concello