Abierto el plazo de alegaciones contra la ordenanza de la basura

AV hace un llamamiento a la participación y advierte de que la nueva ordenanza incluye multas de hasta 2.000 euros a los vecinos por tirar la basura fuera del horario permitido

Portas con la camiseta de “No” a la ordenanza en la asamblea de aprobación inicial de octubre en Cangas.
Portas con la camiseta de “No” a la ordenanza en la asamblea de aprobación inicial de octubre en Cangas. | S.R.

El plazo para presentar alegaciones a la nueva ordenanza fiscal de recogida de la basura en Cangas, Moaña y Bueu está abierto desde el 1 de abril, fecha en el que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO), y Alternativa de los Vecinos (AV) hace un llamamiento “urgente” a los vecinos de estos tres municipios para que presenten sus exposiciones contra la normativa aprobada definitivamente el 6 de febrero en una convulsa asamblea que se celebró con fuertes medidas de seguridad y que acabó con una concelleira del PP expulsada por la fuerza, conducida por la Policía Local al exterior del salón de pleno de Moaña.

La formación denuncia que la Mancomunidade está tramitando esta norma “con escasa difusión pública”, a pesar de su enorme impacto en la vida diaria de cerca de 80.000 personas. Advierten, además del incremento en el recibo, que se trata de una ordenanza con un fuerte régimen sancionador, con multas de entre 300 y 2.000 euros por infracciones leves, como depositar la basura fuera de horario o no separar correctamente los residuos. “No se puede pasar directamente a la sanción sin una fase previa de información y pedagogía social. Estamos ante un sistema desproporcionado que puede afectar gravemente a la economía doméstica”, señala la concelleira y portavoz de AV, Victoria Portas, que reclama la “suspensión de la tramitación hasta garantizar una información pública real”.

Vía judicial

La formación también denuncia una “contradicción” entre la ordenanza técnica y la fiscal: mientras una establece el compostaje como obligatoria para determinadas viviendas, la otra la presenta como “una práctica voluntaria con bonificaciones”. “No puede ser obligatorio e incentivado al mismo tiempo, esta incoherencia genera inseguridad jurídica y deja a los vecinos en una situación de indefensión”, explican.

Otro de los puntos cuestionados es la carga administrativa que impone la norma, obligando a la ciudadanía a acreditar determinadas prácticas mediante documentación y pruebas que la propia administración reconoce que “no puede verificar de forma efectiva”. “No podemos permitir que se apruebe una ordenanza de estas características sin que la ciudadanía sea plenamente consciente de sus obligaciones y consecuencias. Es el momento de actuar”, señalan

desde la formación. La formación que lidera la exalcaldesa Portas ha puesto a disposición de los vecinos un modelo de alegaciones y no descarta acudir a la vía judicial en caso de que la ordenanza sea aprobada sin modificaciones.

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