La UE y Túnez sellan un pacto para el control de la migración

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Van der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Marc Rutte, firmaron ayer en Túnez un memorando de entendimiento para un acuerdo en materia migratoria, del que no han trascendido detalles y sin mencionar la ayuda macrofinanciera de más de 1.000 millones de euros ofrecida hace un mes por la Comisión.

“Se ha acordado que Túnez protegerá mejor sus fronteras y abordará el tráfico de personas, a cambio de inversiones de la UE. Ese dinero está destinado a mejorar la economía tunecina”, adelantó un portavoz del primer ministro saliente, Rutte, sin que en la rueda de prensa desde Túnez los tres responsables europeos aportaran más detalles.

El autodenominado “Equipo Europa” ofreció en la visita del 11 de junio cinco pilares de financiación en el sector de la digitalización, la energía, la migración, el intercambio humano y el desarrollo. Sobre este último, destinado a aliviar la grave crisis financiera que atraviesa el país, que contemplaba 900 millones de euros además de 150 millones en apoyo presupuestario, pero condicionado a la concesión del préstamo de 1.900 millones dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), no se hizo ayer mención alguna.

Repunte

El repunte de las salidas de migrantes y solicitantes de asilo hacia Italia por el Mediterráneo Central -cerca de 70.000 en lo que va de año- mantiene la cuestión migratoria como una prioridad para la UE que en el Consejo Europeo de junio abogó por concluir acuerdos similares al de Túnez, un paquete integral con componente migratorio, con otros países de la región.

La Comisión también prometió 105 millones de euros para la gestión de fronteras, rescate y retorno, y lucha contra el tráfico de personas y contrabandistas.

En paralelo, Túnez afronta una crisis interna que ha registrado enfrentamientos entre residentes de Sfax, ciudad costera y principal punto de salida en la ruta mediterránea, y migrantes subsaharianos con acusaciones de “racismo institucional” desde que el presidente tunecino alertara en febrero de “hordas de inmigrantes ilegales” y un plan para desdibujar el carácter “árabe-musulmán” del país.

Según organizaciones humanitarias, cientos de personas habrían sido expulsadas a zonas desérticas fronterizas, y denunciaron agresiones físicas, el robo de su dinero y el destrozo de sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Nacional y el Ejército. La Media Luna Roja tunecina confirmó esta semana la evacuación de 600 personas en una operación humanitaria en la zona tapón de Ben Guerdane, controlada por el Ejército, en la que los migrantes no tenía acceso a comida ni agua. Diversas organizaciones de Derechos Humanos consideran que Túnez ha dejado de ser un “país seguro” para la devolución de migrantes y solicitantes de asilo, y esta es una de las preocupaciones de los donantes en las negociaciones para el préstamos del FMI, cuyo programa de reformas, de amplios recortes, fue rechazado por Túnez.