La “pantomima” electoral de Nicaragua, “ni libre ni justa”

La mayoría de la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales desarrolladas el domingo en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales encarcelados o exiliados, obtuvo el 75% de los votos y blindó un quinto mandato. Con siete aspirantes presidenciales de la oposición en prisión, acusados de “traición a la patria”, Ortega, en el poder desde 2007, logró su propósito de salir reelegido para un nuevo mandato de cinco años, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Las elecciones -en las que según el Consejo Supremo Electoral (CSE) votó el 65,34% y según el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas sólo el 18,5 %- generaron el rechazo generalizado de la oposición en el exilio y de la comunidad internacional.

Las elecciones en Nicaragua han sido una “pantomima ni libre, ni justa, y ciertamente, no democrática”, declaró el presidente de EEUU, Joe Biden, tras anunciar que usará “todas las herramientas diplomáticas y económicas” a su disposición para pedir responsabilidades, incluida la llamada ley Renacer, para ampliar las sanciones a Nicaragua. Biden urgió al “régimen de Ortega-Murrillo” a tomar “inmediatamente” los pasos necesarios para “restaurar” la democracia y pidió que se libere “inmediata e incondicionalmente” a los opositores encarcelados.

RESPUESTA DE LA UE

Por su parte, la Unión Europea consideró que la reelección de Daniel Ortega carece de “legitimidad” -al celebrarse los comicios “sin garantías democráticas”- y completa la conversión del país en un “régimen autocrático”. El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, hizo un llamamiento a Ortega para que libere de forma “inmediata e incondicional” a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra. La UE exigió a Ortega que “devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo” y anunció que está considerando “todos los instrumentos” a su “disposición para tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las restricciones individuales”. Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) habían condenado, antes de la celebración de los comicios, el arresto de siete precandidatos a la presidencia de la oposición, la eliminación de tres partidos políticos opositores, la derogación de la observación electoral y el establecimiento de leyes que restringían la participación en el proceso.

España también se sumó al grupo de países que critican abiertamente las elecciones en Nicaragua. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró que los comicios “no se pueden llamar elecciones”, porque “han sido una burla” y exigió la liberación de los opositores y periodistas detenidos en el país centroamericano. El pasado 11 de agosto, el Gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Managua como respuesta a las “graves e infundadas acusaciones” de la Cancillería nicaragüense contra España y sus instituciones.

El Gobierno alemán también criticó que las elecciones generales del domingo no hayan cumplido con los estándares mínimos. “Llamamos al gobierno en Nicaragua a regresar al proceso democrático y a poner en libertad de inmediato a los presos políticos”, dijo la portavoz de Exteriores, Andrea Sasse.