El Concello ordena paralizar el movimiento de tierra de Couso

El Ayuntamiento de Gondomar ha ordenado la paralización inmediata de los movimientos de tierras y rellenos que se ejecutan en el monte comunal de Couso y ha remitido el expediente a la Fiscalía de Medio Ambiente y a las administraciones competentes para que analicen las actuaciones y, en su caso, determinen las responsabilidades que pudieran derivarse. El gobierno local sostiene que los trabajos carecen del título urbanístico necesario, advierte de que la orden municipal debe cumplirse de forma inmediata y asegura que su intención no es mantener un enfrentamiento con la Comunidad de Montes, sino garantizar el cumplimiento de la legalidad.

La decisión municipal se produce después de que un grupo de vecinos denunciara públicamente los importantes movimientos de tierras realizados en una ladera próxima a la carretera PO-340, junto al Alto do Viso. Los residentes alertaban del posible impacto ambiental, paisajístico y patrimonial de la actuación, y reclamaban que se comprobase si disponía de las autorizaciones exigidas por la normativa.

Según explica el Ayuntamiento, la Comunidad de Montes de Couso presentó en su día una memoria para solicitar autorización con el fin de acopiar unos 4.000 metros cúbicos de zahorra destinados, según la documentación aportada, a la reparación de pistas forestales durante un periodo de tres años.

Sin embargo, los informes técnicos y jurídicos municipales concluyen que la actuación no puede tramitarse mediante una comunicación previa, sino que requiere licencia urbanística al tratarse de movimientos de tierras de gran entidad, además de diversa documentación técnica y de las correspondientes autorizaciones sectoriales. Señalan, asimismo, que desde 2025 la Policía Local y los servicios técnicos realizaron distintas inspecciones que derivaron en la apertura de expedientes de reposición de la legalidad urbanística y en una orden expresa de paralización de los trabajos. Añade que los informes incorporados al expediente indican que las actuaciones continuaron pese a esa resolución, circunstancia que ha motivado nuevas actuaciones administrativas y la propuesta de imponer multas. Asimismo, justifica el traslado del expediente a la Fiscalía de Medio Ambiente por la posible repercusión que una acumulación de tierras podría tener sobre la estabilidad del terreno, las fincas y viviendas próximas, el entorno natural y la cuenca del Miñor, aspectos cuya evaluación corresponde también a otras administraciones con competencias en la materia.