La Xunta urge el fin del “impuesto revolucionario” de Audasa y la AP-9

La directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, urgió ayer al Gobierno central a agilizar el traspaso de competencias a Galicia con el objetivo de “mejorar los servicios” que se prestan a la ciudadanía. En su comparecencia en la Comisión Institucional del Parlamento gallego, Vázquez subrayó que la Xunta trabaja para cerrar cuanto antes dos transferencias consideradas prioritarias: la gestión de aeródromos y helipuertos que no sean de interés general y las autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras.

Según explicó, estos expedientes han avanzado en el plano técnico en las últimas semanas y la intención del Ejecutivo autonómico es poder completarlos este mismo año. La directora xeral insistió en que el objetivo es asumir competencias que ya están en manos de otras comunidades autónomas, con el fin de reducir tiempos de gestión y mejorar la eficacia administrativa. En este sentido, defendió que la Xunta apuesta por una “emigración controlada, segura y eficaz”, vinculada a procesos de integración sociolaboral.

El debate parlamentario estuvo marcado por las críticas de los grupos de la oposición. El diputado del BNG Iago Tabarés reprochó el enfoque del Gobierno gallego y advirtió de que las personas migrantes “son más que mano de obra”. La diputada socialista Patricia Iglesias acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de utilizar “tintes racistas y xenófobos” en sus declaraciones. Iglesias instó a abandonar, según dijo, “luchas estériles” y a centrarse en la negociación de transferencias competenciales que beneficien a Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG coincidieron en criticar la escasez de avances en materia de traspasos.

Mucho más rigor

En su réplica, Sandra Vázquez defendió que la política de transferencias no puede basarse en una lógica de acumulación indiscriminada, sino en la asunción de aquellas competencias que realmente puedan gestionarse mejor desde Galicia que desde la Administración central. Reivindicó así una posición de “rigor” en la negociación institucional y rechazó que se trate de una reclamación sin criterio.

Como ejemplo de las competencias pendientes, la responsable autonómica citó la autopista AP-9, cuya gestión sigue en manos del Estado. Vázquez volvió a criticar el sistema de peajes, que comparó con “un impuesto revolucionario” por tratarse de una infraestructura estratégica para la comunidad gallega. En este ámbito, también aludió a la necesidad de avanzar en soluciones de gestión más próximas al territorio.

Asimismo, la directora xeral mencionó el Ingreso Mínimo Vital como otra de las competencias cuya transferencia reclama la Xunta. El objetivo, según explicó, es integrarlo con la Risga para evitar que los ciudadanos tengan que realizar trámites ante distintas administraciones para acceder a ayudas complementarias. Esta solicitud fue realizada en junio de 2024 y, según lamentó, continúa “pendiente de respuesta” por parte del Gobierno central.