La Xunta reclama al Gobierno que cofinancie la dependencia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, agradeció ayer en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia la “buena voluntad” del Ministerio de Derechos Sociales con la dependencia, pero lamentó que “la voluntad no sostiene el sistema de atención a la dependencia”. Tal y como trasladó la Xunta, la conselleira volvió a exigir al Ejecutivo central que cumpla la normativa y aporte el 50% de la inversión en esta materia. También reclamó que la modificación de la ley de dependencia vaya acompañada de un estudio completo de los costes y del financiamiento necesario para poder cubrirlos.

Tras asistir al Pleno, Fabiola García hizo hincapié en que “una vez más”, la respuesta del Gobierno central ante la dependencia “es el infrafinanciamiento”, algo que, añadió, “reconoce en la propia memoria de la ley”. En este sentido, la conselleira destacó que “sin abordar el financiamiento no es posible un avance real en el sistema de atención a la dependencia” y puso como ejemplo el caso de Galicia, en el que, insistió, las ayudas al sistema de atención a la dependencia por parte del Gobierno central “se reducen de un año a otro”, al pasar “del 40% en 2023 al 34,9% en 2024”.

Asimismo, la Xunta detalló que el Gobierno central ofreció información sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica la ley de dependencia. Una normativa que, según destacó la conselleira, presenta como novedades cuestiones que ya estaban vigentes desde julio de 2023, como la teleasistencia universal o la compatibilidad de servicios. Además, subrayó que el texto incluye la reforma del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que se amplía a actividades fuera del domicilio “sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que lo financian mayoritariamente, ni a los ayuntamientos, que son los encargados de gestionarlo”.

Por otra parte, en el marco de este Pleno, Fabiola García también solicitó la actualización y mejora del baremo de la dependencia “que se marca a nivel estatal” y que, en su opinión, “está obsoleto”. En este sentido, pidió que se establezca que el envejecimiento de la población y la dispersión tengan un mayor peso en los criterios generales de financiamiento, cuestiones que definió como “claves para Galicia”.

Las CCAA del PP reclaman

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, solicitó al Gobierno central, en representación de las 11 autonomías en las que gobierna el PP, que aporte “el 50% de la financiación” de dependencia, según le corresponde “por ley”. En declaraciones previas a la reunión en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Ayuda a la Dependencia entre los consejeros responsables del ramo con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, Dávila criticó que la reforma de la ley de dependencia aprobada por el Consejo de Ministros a mediados de febrero “no tiene contenido económico ni aportaciones para agilizar los plazos de acceso a la dependencia”.