La Xunta acusa al Gobierno de condenar a Galicia a seguir pagando un peaje "injusto" en la AP-9
El Ejecutivo gallego critica la falta de valentía de Pedro Sánchez para rescatar la autopista y liberar el peaje tras el ultimátum de Bruselas
La Xunta ha lamentado que el Gobierno central "vuelva a castigar a los gallegos" al "condenarlos a seguir pagando un peaje injusto" por la autopista AP-9, después de conocerse la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez al ultimátum lanzado por la Comisión Europea.
En un comunicado, el Gobierno gallego ha censurado la actitud de Sánchez, a quien acusa de haber perdido una "oportunidad histórica" para rescatar la AP-9 y liberar a los usuarios de un coste que consideran desproporcionado. "La AP-9 es la principal vía que vertebra Galicia y la alternativa más ventajosa para el interés público", ha subrayado la Xunta, criticando la "falta de valentía" por parte del Ejecutivo central.
Coste del rescate y advertencia a los contribuyentes
El Gobierno autonómico ha recordado que elaboró un nuevo estudio financiero en el que se estima que el coste del rescate de la AP-9 asciende a 2.356 millones de euros, una cifra superior a los 2.331 millones calculados en 2024.
La Xunta ha advertido que cuanto más se retrase la operación, mayor será el perjuicio para los contribuyentes y para los usuarios de la autopista. Además, ha remarcado que lleva 16 años reclamando la transferencia de la AP-9 a Galicia para una gestión más eficiente y cercana a los intereses de la comunidad.
Contexto europeo y posibles consecuencias
El conflicto se produce después de que Bruselas enviara en julio un ultimátum al Gobierno de España para corregir las irregularidades en la prórroga de las concesiones de la AP-66 y la AP-9, al considerar que vulneran las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública y concesión de autopistas.
El plazo de dos meses expiraba este miércoles, y la respuesta del Gobierno llegó in extremis.
Si Bruselas considera que no se han subsanado las irregularidades, los servicios comunitarios podrán elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que abriría un nuevo frente legal para España.
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