Santiago pide la declaración de zona residencial tensionada

El Concello de Santiago de Compostela ha formalizado su petición a la Xunta de Galicia para ser reconocido como zona de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite aplicar medidas para frenar la subida del alquiler y fomentar el acceso a la vivienda.

La iniciativa fue anunciada por la portavoz municipal, Míriam Louzao, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, tras la reunión de la junta de gobierno local. El Ejecutivo gallego dispone ahora de seis meses para responder. En caso de no pronunciarse, el Ayuntamiento iniciará un procedimiento contencioso-administrativo. “La ley hay que cumplirla, aunque no guste”, declaró Lestegás, mostrando su confianza en que la petición será atendida.

Entre las medidas que traería esta declaración destacan la limitación de las subidas de precio entre contratos, el acceso a fondos estatales para vivienda pública y incentivos fiscales por alquiler. Además, los nuevos contratos deberán reflejar el precio del último arrendamiento para garantizar la transparencia.

El consistorio también propone modificar dos aspectos clave de la ley estatal: que se considere gran tenedor a quien tenga más de cinco inmuebles (en vez de diez, como figura por defecto) y que las viviendas vacías durante más de cinco años también entren en el ámbito de aplicación de la normativa. “Son posibilidades previstas por la ley, pero deben ser especificadas en la solicitud”, subrayó Lestegás.

Para sustentar la petición, el ayuntamiento encargó al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidad de A Coruña un análisis detallado del mercado local. El estudio, expuesto públicamente, confirma que el municipio cumple dos de los cuatro criterios legales exigidos, cuando solo se requiere uno para tramitar la declaración. Además, el gobierno local elaboró un plan de medidas correctoras, evaluado en la mesa sectorial en dos sesiones, en el que se contempla desde gravar las viviendas vacías hasta crear una empresa pública de vivienda.

Santiago, pionera en Galicia al expresar su intención de activar este mecanismo, se suma ahora a A Coruña, que ya formalizó la petición en abril. Ambas son, por el momento, las únicas ciudades gallegas en tramitar esta figura legal.