El lotero acusado intentó que le pagaran el premio sin éxito

El expresidente de Loterías y Apuestas del Estado en 2012, José Miguel Martínez, aseguró ayer, durante la segunda jornada del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, que el lotero acusado de apropiarse de un premio de 4,7 millones de euros podía haberlo cobrado sin entregar previamente el boleto a Loterías, como finalmente se hizo.

Su declaración coincidió con la de otro representante de la entidad estatal, que intervino también en la vista oral contra el lotero Manuel Reija, acusado de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida, y contra su hermano, Miguel Reija, exdelegado provincial de Loterías.

La exresponsable de la administración donde se selló el boleto afirmó que Miguel Reija le comentó que el cupón había sido encontrado por una persona “muy legal”, aunque sin identificarla. Explicó que le pidió conocer a ese supuesto hallador porque, a su juicio, “tenía merecido el cielo” por entregar el boleto. Según confirmó otro testigo, tras la entrega se inició un procedimiento de hallazgo, precedido de un período de tres meses para posibles reclamaciones.

Durante la sesión, en la que estaban citados diez testigos aunque algunos quedaron pendientes por la duración de las declaraciones, se abordó el funcionamiento habitual cuando un boleto resulta premiado. Un exalto cargo de Loterías señaló que el lotero pidió cobrar el premio tras entregar el boleto, pero se le denegó y se activó el procedimiento de hallazgo. Añadió que se descartó como titular a una persona cuya familia ejerce la acusación particular, basándose en pruebas policiales.

En el proceso intervienen dos familias como acusación particular: la del hombre descartado por la investigación y la de otro fallecido al que la Policía sí consideró propietario legítimo. Martínez recordó que en Loterías “la regla es que el tenedor es el legítimo propietario” y que la entidad no tiene obligación de investigar la titularidad. Otro exresponsable precisó que no hubo sospechas de “sustracción”.

Los dueños de la administración donde se selló el boleto declararon que Miguel Reija les indicó que el premio estaba cobrado y que derivaran cualquier consulta hacia él. Más tarde supieron que el pago no se había efectuado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante del premio.