La Justicia paraliza la ley gallega que agilizaba la atención a dependientes

El pasado mes de octubre, el Gobierno de España presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Plan de choque de dependencia y discapacidad impulsado por la Xunta de Galicia. Este plan, según la Consellería de Política Social, había sido diseñado para agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera, permitiendo que las ayudas llegasen más rápido a los beneficiarios.

El conflicto se centra en el artículo 45, que contemplaba la homologación automática de la discapacidad para personas que ya tuvieran reconocida la dependencia. Hasta ahora, el plan permitía tratar ambos procesos de manera conjunta, con una sola valoración, tramitación y resolución.

Consecuencias de la paralización

Con el recurso en marcha, la Xunta no podrá tramitar nuevas homologaciones automáticas ni gestionar de manera unificada dependencia y discapacidad. Según la conselleira Fabiola García, esto implica que los gallegos deberán volver a pasar por dos procedimientos separados, cada uno con su propio proceso administrativo: admisión, valoración, reconocimiento y resolución.

García ha lamentado la medida, calificándola de "boicot al plan de choque", que lleva funcionando un año y ha permitido resolver más de 86.300 expedientes de dependencia y discapacidad en Galicia. Además, el plan había reducido el papeleo de 12 documentos a una sola solicitud inicial, una simplificación que ahora se perderá.

En total, 12.626 personas se habían beneficiado del sistema de homologación rápida:

• 4.063 dependientes de grado I (33% de discapacidad)
• 4.284 dependientes de grado II (66% de discapacidad)
• 4.279 dependientes de grado III (100% de discapacidad)

Según la Xunta, el plan había logrado acortar los tiempos de espera casi dos meses, mientras que en el resto de España estos siguen aumentando.

Interpretación jurídica del Gobierno

El Ejecutivo central justifica el recurso alegando que el artículo 45 supone una invasión de competencias estatales, en materia de regulación de condiciones básicas y de igualdad en el ejercicio de derechos y deberes. Además, argumenta que la Xunta trataba de simplificar la discapacidad y la dependencia en el régimen económico, una competencia que corresponde al Estado.

La Xunta, por su parte, advierte que la suspensión del plan no solo afectará a los tiempos de espera, sino que también tendrá impacto fiscal, ya que las deducciones por discapacidad que se aplican al reconocimiento automático ahora podrían retrasarse.