Jácome, imputado por prevaricación

El magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha concluido la investigación y aprecia indicios de un posible delito continuado de prevaricación contra el alcalde de la Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. El procedimiento se centra en la ausencia de solicitud de compatibilidad entre su cargo público con dedicación exclusiva y actividades profesionales privadas, entre ellas la dirección de una televisión local.

Con esta resolución, el caso pasa a la fase de procedimiento abreviado, a la espera de que Fiscalía y acusación particular decidan si piden la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

El punto clave: no pedir la compatibilidad

El juez insiste en que el debate no gira en torno a si el alcalde podía realizar otras actividades, sino en que no habría solicitado la autorización obligatoria al pleno municipal. Según el auto, la normativa vigente exige una declaración formal de compatibilidad cuando un cargo electo con dedicación exclusiva desarrolla actividades remuneradas al margen de sus funciones institucionales. En este sentido, el magistrado considera “evidente” la obligación de solicitarla y sostiene que su ausencia no estaría justificada.

“Conducta arbitraria” y sin respaldo legal

En la resolución, el instructor califica la actuación del regidor como “totalmente arbitraria”, al entender que realizó una interpretación de la norma favorable a sus intereses sin base jurídica suficiente. También apunta a que la decisión de no iniciar el trámite habría impedido que el pleno municipal valorase la compatibilidad de esas actividades, un paso que, de existir discrepancias, podría haber terminado en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Advertencias previas e impacto económico

El auto recoge además que el alcalde habría sido advertido previamente mediante acuerdos municipales y resoluciones de la Fiscalía de Ourense, sin que modificara su situación.

El juez añade que el investigado podría haber percibido durante años ingresos públicos ligados a su salario municipal sin que se hubiera evaluado formalmente la compatibilidad, lo que podría haber supuesto un perjuicio económico para las arcas públicas.

Con la instrucción ya cerrada, será ahora el Ministerio Fiscal y la acusación particular quienes determinen si solicitan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso. La decisión marcará el futuro judicial de una causa que sitúa al alcalde de Ourense a las puertas de un posible juicio por presunta prevaricación.