El juez investiga si hay apropiación indebida en el sueldo de Jácome

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tiene un nuevo y complicado frente judicial abierto. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, lo ha citado a declarar el próximo 13 de febrero, en pleno Entroido, en calidad de investigado por un presunto delito de apropiación indebida por cobrar fraudulentamente su salario. Se trata de una acusación grave que conlleva penas de prisión de 1 a 6 años en su tipo agravado, aplicable cuando la cantidad defraudada excede los 50.000 euros, cifra que se superaría ampliamente en este caso al abarcar varios años de sueldos del actual regidor.

El origen de la instrucción está en la querella criminal, admitida a trámite el pasado 26 de noviembre, presentada por Telmo Ucha, quien fuera concejal de Seguridad de Democracia Ourensana y mano derecha del alcalde en el anterior mandato. El escrito denuncia que Jácome ha estado cobrando ilegalmente su sueldo público íntegro, ya que disfruta de una dedicación exclusiva como alcalde que es incompatible por ley con su actividad empresarial privada como propietario y administrador de facto de Auria TV, una televisión que se sostiene, paradójicamente, con las asignaciones de fondos públicos que el Concello transfiere a Democracia Ourensana.

Lluvia de investigaciones

No es la primera vez que la gestión del regidor acaba bajo la lupa judicial. De hecho, Jácome ya está siendo investigado en otra instrucción por presuntamente haber desviado recursos técnicos y personal municipal hacia Auria TV. Aquella causa, iniciada por la denuncia de otro exmiembro de DO, José Manuel Palacios, señala que el alcalde utiliza cámaras adquiridas por el Concello para su televisión privada y que mantiene a Germán López Vázquez como asesor municipal cobrando un salario público mientras ejerce de cámara para Auria TV.

Sin embargo, la denuncia de Ucha va un paso más allá: pide investigar directamente el bolsillo del alcalde por la incompatibilidad de sus dos facetas. “Tenemos que el querellado Pérez Jácome recibe un salario mensual por dedicación exclusiva en su condición de alcalde y, además, obtiene cuantiosos beneficios del ejercicio como autónomo de su actividad como empresario de la comunicación”, reza el escrito presentado en los tribunales.

...el propio alcalde solicitó formalmente la compatibilidad el 5 de agosto de 2019 para el pleno que se celebraría cuatro días después. Sin embargo, un informe técnico de la Asesoría Jurídica le obligó a frenar en seco.

La “confesión” de 2019

La querella aporta un dato clave para demostrar que Jácome fue plenamente consciente de la ilegalidad: el propio alcalde solicitó formalmente la compatibilidad el 5 de agosto de 2019 para el pleno que se celebraría cuatro días después. Sin embargo, un informe técnico de la Asesoría Jurídica le obligó a frenar en seco. Aquel dictamen advertía al regidor de que, para cobrar la exclusiva y tener actividad privada, debía cumplir una de dos excepciones: que la actividad fuera la mera gestión del patrimonio personal o que fuese una actividad mercantil marginal sin conflicto de intereses.

Sin encaje

Según la denuncia, Jácome no encaja en ninguna. La primera queda descartada porque está dado de alta como autónomo y factura activamente. La segunda, la marginalidad, es insostenible según la acusación: “Es ahora cuando su negocio de comunicación consigue un aumento absolutamente desproporcionado de beneficios derivado única y exclusivamente de su condición de alcalde”, argumenta Ucha, recordando que el regidor llegó a admitir públicamente que “se factura a sí mismo como alcalde en su condición de empresario”.

Planificación deliberada

La querella es tajante en sus conclusiones: “Al no poder acogerse a ninguna de las excepciones, el Pleno se vería obligado a rechazar la compatibilidad. De esta situación se informa debidamente al alcalde, quien es conocedor de las consecuencias: tendría que renunciar al salario o no ejercer la actividad privada”. Ante esa disyuntiva, Jácome optó por retirar su solicitud antes de que fuera votada. Para la acusación, este movimiento demuestra el dolo: el alcalde sabía que era incompatible y decidió ocultarlo para seguir cobrando. “No nos encontramos ante un error o una mera irregularidad administrativa. Estamos ante una planificación consciente y deliberada para enriquecer su patrimonio personal, acudiendo a falaces argumentos para seguir cobrando de manera ilegal”, sentencia el texto de la querella.

Apropiación Indebida

Aunque la querella calificaba los hechos como malversación y prevaricación, el juez Leonardo Álvarez considera que los hechos podrían constituir un delito de apropiación indebida, si se demuestra que el alcalde incorporó a su patrimonio dinero que no debía percibir. En su auto del 26 de noviembre, además de citar a Jácome, el magistrado llama a declarar a dos testigos clave: Luis María Bermúdez de Puente (Secretario General del Pleno hasta su jubilación en enero) y Juan Ramón Costas Núñez.

El denunciante, Telmo Ucha, recuerda que Jácome retiró su petición de compatibilidad en 2019 para evitar un rechazo

La citación de este último tiene una lectura política de alto voltaje. Costas Núñez, exjefe de la Asesoría Jurídica que informó sobre la incompatibilidad en 2019, acaba de ser “repescado” y ascendido por Jácome al cargo de City Manager (Coordinador General) el pasado 12 de noviembre, apenas dos semanas antes de que el juez ordenase su interrogatorio.

Requerimientos

Además, el juzgado ha ordenado desnudar las cuentas del regidor: requiere a la Agencia Tributaria sus declaraciones de IRPF, IVA y Patrimonio desde 2019, y al Concello, todas las certificaciones de salarios abonados.

Gago se libra

La querella también apuntaba a Javier García Gago, actual asesor jurídico, por cobrar presuntamente de forma irregular al compatibilizar su puesto con la docencia universitaria. Sin embargo, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional de su causa. El magistrado razona que Gago dispone de una resolución judicial (por silencio administrativo) que le respalda y que, si esa situación es irregular, la culpa es del Concello por no haberla revisado de oficio, no un delito penal del funcionario.

El Concello deberá proporcionar al magistrado una copia de la certificación de los salarios de Jácome desde 2019

Vía administrativa agotada

Esta vía penal se abre después de que Telmo Ucha intentara resolver el asunto internamente en el Concello. En abril de 2024 presentó una denuncia administrativa que fue ignorada inicialmente y luego archivada con un informe -firmado precisamente por Gago- que negaba a Ucha la condición de “interesado”. Tras ese portazo administrativo, Ucha cumplió su amenaza y fue a la vía penal, donde, tras depositar una fianza de 1.500 euros, la Justicia ha admitido trámite su denuncia y empezará a investigar a fondo a Jácome.