José Manuel Pazo Paniagua: “Esperamos que se desbloqueen cerca de un centenar de parques eólicos”

El pasado 1 de agosto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló los procedimientos de evaluación de la Xunta de Galicia sobre los proyectos eólicos, y recordó a los gobiernos español y gallego que deben adaptar la normativa europea más reciente en estos campos, donde el Interés Público Superior sobre ciertos proyectos estratégicos prima sobre determinadas condiciones ambientales.

Un paso que la Asociación Eólica de Galicia (EG) valora muy positivamente, y espera que a finales de año comiencen a perfilarse unas nuevas normas que faciliten el desbloqueo de casi un centenar de parques eólicos paralizados en estos momentos en el territorio. Así lo adelantaba su presidente, José Manuel Pazo Paniagua.

¿Qué significa para ustedes la resolución?

Para nosotros es un alivio, después de más de cinco años de dudas, que llegue al tribunal europeo y con esta contundencia… Lo que dice el tribunal europeo a España es “transpongan la normativa europea y realicen instalaciones de energía renovables” para no tener que importar ahora desde Estados Unidos 750.000 millones en energía o importar de nuevo gas ruso, que solo repercute en la subida de los precios de la electricidad. Ahora mismo se está gastando más gas que nunca, y a unos precios desorbitados, lo cual va a repercutir negativamente en el consumidor y en las pymes.

¿Es el fin definitivo de este proceso legal?

Esto ha sido una travesía en el desierto. Estuvimos dos años en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, otros dos años en el Supremo - que nos dio la razón -, y ahora en Europa nos vienen a decir que los trámites hechos por la administración estatal y autonómica son correctos, y que las asociaciones negacionistas, que no ecologistas, estaban equivocadas.

A los ecologistas no les vale nada. No les vale que sea uno o dos parques situados en unas zonas sensibles o con problemas medioambientales. No les sirve ninguno, y recurren por sistema. Quieren llevar a Galicia a una Arcadia, y no son más que una minoría, ante la que la mayoría debe rebelarse porque nos estamos jugando 10.000 millones de inversiones y más de 20.000 empleos.

¿Cuál es la situación de la energía eólica tras el fallo?

Galicia queda con un problema de inseguridad jurídica. Las empresas que querían instalarse aquí hace tres o cuatro años a través de fondos europeos - que buscaban la instalación de empresas vinculadas a las energías renovables -, han visto cómo sus proyectos quedaban suspendidos y judicializados.

La Asociación Eólica de Galicia había realizado un estudio junto a una consultoría donde contabilizamos 32 empresas que pretendían instalarse en Galicia realizando inversiones de más de 6.200 millones de euros y unos 14.000 empleos. No solo vinculados a las energías renovables. Hablamos de biotecnología, hablamos de polígonos industriales, estamos hablando de amoníaco, de metanol, de hidrógeno, de una fábrica de baterías para el automóvil o centros de datos. Para estos grupos ecologistas no sirve absolutamente nada.

A la luz del fallo del TJUE, ¿Se podrán recuperar alguno de esos proyectos?

Nosotros pensamos que tiene que ser un antes y un después. Tiene que haber una responsabilidad por parte de los organismos, tanto administrativos como judiciales, porque aquí, quien lo está pagando es el consumidor. Entonces, esto viene a decir que España no está tramitando bien estos proyectos. Y el propio Tribunal debería reconsiderar el daño que le está haciendo al consumidor

Si el tribunal llega a decir que la tramitación era correcta, caerían carreteras, vías de tren, aguas residuales, o cualquier proyecto sometido a impacto ambiental.

Entonces, ¿qué toca a partir de ahora?

Europa se lo está pidiendo a España: transponga la directiva europea como están haciendo otros países para dar cabida y prioridad al Interés Público Superior. Esto permitiría esa separación que dice el tribunal donde prima la actividad medioambiental sobre la industrial, lo cual no genera valor para las empresas.

Lo que dice el tribunal es que cualquier presunción medioambiental queda rebajada por el interés público, por la supervivencia de la especie humana. Lo que tiene que hacer el Estado, que es lo que le está pidiendo la Comunidad Europea, es transponer la directiva europea cuanto antes. Con esta resolución del Tribunal Europeo, se le va a dar seguridad a estos proyectos que ahora están absolutamente paralizados. Van a tener que modificarse y retramitarse.

¿Cuánto tiempo puede llevar eso y qué puede suponer ese retraso?

Esperamos que la normativa europea se apruebe antes de final de año, y que se transponga tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Primero tiene que modificarse la ley estatal y después tiene que adaptarse la ley autonómica. A continuación, tiene que haber unos procesos acelerados de tramitación, porque estos proyectos ya han sido evaluados. Este nuevo paso debe ser acelerado, porque ya se ha analizado la repercusión ambiental en estos casos.

Otro problema que nos vamos a encontrar es el atasco judicial. Todos conocemos cuánto tarda en resolverse un contencioso, y en estos momentos hay más de 250 contenciosos por resolver sobre cerca de un centenar de parques eólicos.

Galicia era pionera en fabricación, explotación y generación eólica, y podríamos tener un precio de la energía mejor y adecuado para las industrias gallegas que en otras comunidades. Hemos conseguido el efecto contrario con la inseguridad jurídica, y esto quiero dejarlo muy claro: si seguimos exportando energía es por el consumo de gas, porque en la comunidad autónoma ha bajado el consumo eléctrico un 32% en los últimos 4 años. Esto es gravísimo en un contexto de electrificación de la economía.