Galicia asumirá en julio el control de su litoral

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que transfiere a Galicia las competencias sobre la gestión de su litoral. Si se cumplen los plazos, la comunidad asumirá el control efectivo el próximo 1 de julio, una vez se publique la norma en los boletines oficiales. Con esta decisión, el Gobierno gallego pasará a gestionar más de 2.500 kilómetros de costa y más de 4.000 edificaciones, entre ellas un centenar de empresas del sector mar-industria, clave para la economía autonómica.

Según el decreto aprobado, Galicia podrá autorizar usos de temporada en playas, actividades en el mar territorial, así como usos en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar. También tendrá capacidad para vigilar e imponer sanciones en las materias transferidas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó este traspaso como un hito político y administrativo que permitirá una gestión más cercana y eficaz del territorio.

Pese al avance autonómico, el Estado mantendrá funciones estratégicas. Seguirá fijando los cánones por el uso del dominio público marítimo-terrestre, podrá rescatar concesiones por razones de interés general y conservará su potestad sancionadora en lo que se derive de sus competencias. Esta dualidad implica que Galicia no tendrá control absoluto sobre todo lo que ocurra en la costa.

El decreto también establece mecanismos de cooperación entre el Gobierno central y la Xunta. Entre ellos, la coordinación en la construcción de puertos o vías de transporte, la emisión de informes estatales sobre los planes de ordenación del litoral gallego o las obras de interés general. Esta colaboración será clave para evitar conflictos y garantizar la coherencia de la planificación y protección costera.

Junto con las competencias, el Estado transferirá a la Xunta 11 vehículos y 36 puestos de trabajo, tanto ocupados como vacantes. Esta dotación material y humana facilitará la implementación inicial del traspaso. Galicia se convierte así en la comunidad con mayor control de su litoral, una demanda histórica que ahora marca un nuevo modelo de gestión descentralizada en el ámbito costero.