Sánchez sostiene la prórroga a la AP-9 que concedió Aznar

El Gobierno de España alega “indefensión” ante el expediente infractor abierto por la Comisión Europea por la presunta infracción normativa en la ampliación de la concesión de la AP-9, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar, y señala que se ha vulnerado el principio de seguridad jurídica al cuestionar una decisión “más de 20 años después” con base a una jurisprudencia que no se puede aplicar en este caso.

Así se recoge en el informe del Ejecutivo remitido hace unos días a la Comisión, en respuesta a la segunda carta de emplazamiento enviada a España en relación con este procedimiento.

En esa respuesta, el Gobierno insiste en que la normativa comunitaria sobre contratación pública no se puede aplicar a la ampliación de la concesión porque concurren los requisitos de la llamada excepción “in house”, ya que la concesionaria estaba en ese momento controlada por el Estado y realizaba su actividad para el Estado, quedando vedada la participación de accionistas privados, de modo que no resultan de aplicación los principios de igualdad de trato y de transparencia.

Y señala que la venta de la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA) no está sujeta a la normativa armonizada sobre contratación pública, al tratarse de un acto jurídico diferente: una privatización. Y añade que los principios generales de igualdad de trato y transparencia se cumplieron “escrupulosamente” en ese proceso de venta. Tras subrayar que no se produjeron las supuestas infracciones de las que habla la Comisión, el Gobierno de España indica que se ha producido una “vulneración del principio de seguridad jurídica” en las actuaciones de la Comisión, “que pretende cuestionar, más de 20 años después”, la ampliación de la concesión y la privatización de ENAUSA.

En su respuesta, el Gobierno español quiere dejar constancia de la “indefensión” que se produce en la tramitación de este expediente que, advierte, “abunda en presunciones y juicios de valor”, y lamenta también los “graves perjuicios que su indebida prolongación genera” tanto al Estado español como a terceros, “aspectos que la Comisión debería remediar”. Tras recordar que los procedimientos de infracción en la UE deben basarse “en un planteamiento presidido por la mayor objetividad, nunca en suposiciones”, concluye que “no se ha producido ningún incumplimiento” de la directiva europea sobre reglas de publicidad, ni de los principios de igualdad de trato y transparencia.

Cuando esta respuesta fue remitida a la Comisión Europea, fuentes del Ejecutivo trasladaron también que, aunque no comparten la decisión adoptada por el gobierno de Aznar en el 2000, es su responsabilidad “velar por el interés general”.

Con esa posición, el Ejecutivo trata de evitar al alto coste que supondría tener que anular la concesión, en manos de un operador privado (Audasa), con el consiguiente pago de las compensaciones. Ese coste fue cifrado por Transportes en unos 4.000 millones de euros, a los que habría que sumar otros 2.000 millones en caso de que se formalizase una eventual transferencia a Galicia.