El caso Alvia cumple 10 años casi listo para dictar sentencia

El día que se cumple el décimo aniversario de uno de los accidentes ferroviarios más graves de España, el que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Angrois, todavía está por dilucidar la responsabilidad penal y las causas que propiciaron aquella tragedia, en la que fallecieron 80 personas y resultaron heridas casi un centenar y medio.

En plenas fiestas del Apóstol en 2013, el tren Alvia que provenía de la estación de Chamartín, en Madrid, con destino Ferrol, descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a pocos kilómetros de la estación compostelana. De las 224 personas que viajaban a bordo, perdieron la vida 80 y 144 resultaron heridas de diferente consideración.

Entre las causas del accidente influyeron diversos factores, pero lo que sí está constatado es que el convoy circulaba a una velocidad de casi 190 kilómetros por hora en un tramo que estaba limitado a 80, superando así casi el doble de la velocidad permitida. El maquinista a bordo del tren, Francisco José Garzón Amo, se percató tarde del exceso de velocidad y aunque trató de frenar, ya era demasiado tarde.

Sobrevivió al accidente y ahora es uno de los imputados por este suceso, junto al exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. Para ambos, la mayoría de las partes personadas en la causa piden cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio imprudente y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave.

Casi 45.000 folios

El expediente principal del juicio está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos. Durante meses, de octubre a febrero -en la fase penal- y de febrero a junio -en la fase civil- han declarado casi 700 personas entre testigos, testigos peritos y peritos.

A cargo de la causa está la magistrada María Elena Fernández Currás, la encargada de dictar una sentencia que lleva esperándose una década.

Apenas quedan dos sesiones de juicio, que desde junio afronta el trámite documental y las conclusiones de las partes.

Al maquinista, Francisco Garzón, la mayoría de las partes le culpan por imprudencia y por “desatender la conducción” al contestar a una llamada telefónica del interventor que resultaba “intrascendente” y que se prolongó “durante 100 segundos”, provocando que Garzón perdiera el control del tren.

Por otro lado, al exdirectivo de Adif Andrés Cortabitarte se le acusa de ser responsable del descarrilamiento por no realizar el análisis de riesgos de la línea entre Ourense y Santiago.

Las defensas de ambos han basado su estrategia durante estos meses en echar las culpas al otro. La sorpresa llegó cuando en su escrito de conclusiones el Ministerio Público decidió retirar la acusación contra Cortabitarte y mantener solo la de Garzón. Expuso el fiscal Mario Piñeiro que el exdirectivo de Adif cumplió los protocolos de la empresa pública y manifestó sus “dudas” sobre su responsabilidad penal ante unos hechos que, según su criterio, se produjeron únicamente por un error humano, que cometió Garzón.

Sin embargo, los abogados que defienden a las víctimas en su gran mayoría sí han mantenido ambas acusaciones y consideran que el cambio de criterio de la Fiscalía es una estrategia del Estado para protegerse de una posible condena contra un alto cargo de Adif.