El juicio del Alvia acaba justo 10 años después del siniestro

Fue el 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en la curva de A Grandeira, junto al barrio compostelano de Angrois, a poca distancia de la estación de ferrocarril de Santiago, en la víspera del día grande de Galicia. Cuando están a punto de cumplirse 10 años de esta tragedia, en la que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas, el juicio llega a su final, con la vista puesta en los dos procesados: el maquinista, Francisco Garzón, y el ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

El juicio afronta en las próximas dos semanas sus últimas cinco sesiones. Cinco días clave antes de que la jueza dicte el visto para sentencia. El miércoles 19 expondrá su informe final el abogado del otro maquinista que iba en el Alvia, cuya postura sirve para defender a Garzón. El jueves 20 llegará el turno de Adif y Renfe, y el miércoles 26 los de las aseguradoras. El jueves 27, reservado para las defensas, los dos acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra.

A Garzón y a Cortabitarte se les imputan 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave y la mayoría de las partes piden cuatro años de cárcel para cada uno de ellos, al primero por la conducción y al segundo por el análisis de riesgos de la línea entre Ourense y Santiago.

En sus intervenciones ante la jueza que se encargará de dictar sentencia, Elena Fernández Currás, Garzón volvió a pedir perdón a las víctimas porque “fue un accidente” y no pudo “evitarlo”. Su defensa alega que fue, de hecho, víctima de un delito contra el derecho a la seguridad de los trabajadores, al carecer la vía y el tren del sistema de frenado automático ERTMS. Por su parte, el ex encargado de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, culpó al maquinista por la conversación telefónica que mantenía con el interventor momentos antes del descarrilamiento y descargó responsabilidad en la unión temporal de empresas (UTE), el evaluador independiente (Ineco) y también en el Ministerio de Fomento y Renfe.

Avanzado el juicio, el fiscal, Mario Piñeiro, sorprendió a la sala en el momento de las conclusiones al retirar su acusación contra el ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Considera que cumplió los protocolos de la empresa pública y manifestó “dudas” sobre su responsabilidad en los hechos, por lo que lo exculpa.

Los abogados de las acusaciones populares (las que ejercen las dos asociaciones de víctimas) y los letrados de afectados a nivel particular, que mantienen la acusación, así como el del maquinista, califican este giro de “inédito”. Lo atribuyen a una estrategia del Estado para protegerse de una eventual condena, que salpicaría a la alta velocidad española. Los afectados subrayan que el que era el responsable de velar por la seguridad en las vías, Andrés Cortabitarte, incumplió la normativa al no evaluar los riesgos de la línea. “Creo que ha quedado acreditado que Adif incumplió la normativa, no se hicieron los análisis de riesgos en dos momentos clave”, destaca el portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, en referencia al cambio de proyecto que supuso la retirada del ERTMS de los últimos kilómetros y a la desconexión de este sistema en su modalidad embarcada.

Por eso hay quien ve “mucho más responsable” al ex alto cargo que al maquinista. Domínguez recuerda que la UTE “había advertido del riesgo por descarrilamiento en caso de que no estuviera el sistema de conducción automático (el ERTMS)”.

En paralelo, la causa también se jugó en Europa. La Agencia Ferroviaria Europea (ERA), la Comisión y el Parlamento europeo señalaron que las causas “raíz” del descarrilamiento van más allá del despiste del maquinista. Junto a la comisaria Violeta Bulc, la autoridad más relevante fue el ahora ex jefe de seguridad de la ERA, Christopher Carr, quien, tras participar con unas respuestas por escrito en la fase de instrucción, acabó compareciendo en el juicio oral.