Avanza hacia el Parlamento la nueva ley de recursos naturales

El Consello de la Xunta aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley de fomento de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia y acordó remitirlo al Parlamento de Galicia.

El borrador contempla la participación de la Administración en los proyectos a través de empresas comerciales privadas. En noviembre pasado, la Xunta anunció la formación de una sociedad mixta compuesta por 33 empresas y el gobierno autonómico, con el objetivo de impulsar proyectos relacionados con la producción de energía, minería y concesiones de agua.

Esta iniciativa, se apoya en el proyecto de ley, y contará con una inversión total de 100 millones de euros programados hasta el año 2027, siendo la Xunta responsable de aportar el 30% de esta cantidad.

El texto del proyecto de ley también incluye el establecimiento de instrumentos financieros apoyar iniciativas como préstamos, garantías o incentivos fiscales; a introducción del canon por energía eólica marina, cuyos beneficiarios serán los municipios afectados y el sector pesquero; un fondo con aportaciones públicas y privadas para financiar actuaciones recuperación de áreas afectadas por incendios.

Asimismo, añade una regulación específica para facilitar el autoconsumo en los ámbitos empresariales; la creación de un mercado voluntario de créditos de carbono; y un plan integral de valorización de residuos con alto potencial de biometanización. También facilita la promoción de infraestructuras relacionadas con movilidad eléctrica.

Dinamizar el rural

“Esta normativa ayudará a dinamizar el medio rural, porque la localización de proyectos negocios de interés común que tengan un impacto positivo en el territorio contribuirá a luchar contra la despoblación, la degradación de los espacios naturales y permitirá luchar contra los efectos del cambio climático”, indicó la Xunta en un comunicado posterior al Consello.

Galicia sigue dando pasos para tener legislación de referencia utilización de los recursos naturales, incidió la Xunta, “tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad, asegurando que se les asignan usos óptimos y con vocación de perduración en el tiempo así como de retorno social”.

Al mismo tiempo, la norma se presenta como un instrumento para avanzar en el actual contexto de transición hacia una economía más sostenible. “En última instancia, aumentará una resiliencia del propio entorno rural, pero también de la sociedad en su conjunto, ya que la proyectos facilitarán el dinamismo social, no sólo a través del empleo directo, sino también compensaciones que se establezcan”, considera la Xunta. Una de las principales novedades de la norma es la integración de un estudio de impacto socioeconómico en los proyectos de energía renovable y concesiones de agua y minería, de modo que, independientemente de si requieren evaluación medioambiental, se valorarán beneficios como la creación del empleo y la reducción de los costes energéticos consumidores locales.