La Audiencia Nacional dice que el Gobierno pagó por liberar el 'Alakrana'

La resolución detalla que los secuestradores exigieron para la devolución del barco y de su tripulación -36 personas, entre ellas ocho gallegos y ocho vascos- el pago de 10 millones de dólares (6,7 millones de euros) y la libertad de los dos piratas detenidos. Esta cantidad se redujo después a algo menos de la mitad, según declaró durante la celebración del juicio el armador Kepa Etxebarría.

El tribunal también hace mención a que el encargado de negociar con la persona designada por los piratas -conocido como 'Yama'- fue 'un tal Pepe', con el que los secuestradores mantenían 'un trato telefónico frecuente sobre las condiciones del rescate'.

El tribunal, que obtiene la conclusión sobre el pago del rescate 'como resultado de la prueba practicada en el acto del juicio', considera 'innecesaria' la solicitud de desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre este asunto, como solicitaron las defensas de los dos condenados. Así, la sentencia recuerda que la entrega del dinero a cambio de la liberación fue investigada en una pieza separada por el juez instructor Santiago Pedraz. En el marco de la causa, el magistrado reclamó datos al Servicio de Información de la Policía, a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y al CNI.

También agrega que las contestaciones ofrecidas sólo permitieron averiguar que la empresa armadora del buque atunero 'no realizó ningún pago'. Los servicios de inteligencia se limitaron a indicar que 'no era posible legalmente informar sobre lo solicitado' ya que la cuestión había sido declarada clasificada por el Consejo de Ministros.

La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, fue preguntada ayer mismo sobre la sentencia y dijo que seguía manteniendo 'lo que en su momento dijeron el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa así como la vicepresidenta primera' -Zapatero, Chacón y De la Vega-. 'El Gobierno no pagó rescate por el caso del Alakrana', señaló en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de Senado, tras asistir a la sesión de control al Ejecutivo. Jiménez admitió que no había leído la sentencia de la Audiencia y que lo 'único que le importaba al Gobierno' en aquel momento era que los marineros 'volvieran sanos y salvos a España'.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que la sentencia supone un 'varapalo' a la credibilidad del Ejecutivo. 'Su palabra ha quedado en entredicho', explicó.