El 59% de la red de carreteras gallegas está en estado grave

El 59% de la red de carreteras de Galicia está “en estado grave”, lo que supone el segundo peor dato entre comunidades, solo por detrás de las de Aragón (69%) y con la misma tasa que Castilla-La Mancha, según un estudio de la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Y dentro de Galicia, son las de Ourense y Lugo las que presentan un peor panorama, Precisamente, hace mes y medio, el PP se refirió en una comisión del Senado al “lamentable estado” de las carreteras ourensanas por su más que evidente falta de mantenimiento, algo que “o se retrasa en exceso o no tiene la envergadura suficiente cuando se ejecuta”.

El estado de la red de carreteras, ya sean de titularidad estatal o autonómica, obliga a los ourensanos y a los visitantes de la provincia a sortear socavones que, en la mayoría de los casos lejos de aliviarse se han agravado. El problema no es nuevo. La falta de atención a los problemas de las mayores arterias provinciales viene de largo y tiende a cronificarse.

Un ejemplo de ello es la N-120 que comunica la ciudad de As Burgas con Valdeorras, calificada como “una corredoira que fabrica coches para el desguace”. En este sentido, ya la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Ourense (Atave) alertó en su momento del incremento de coches que precisan arreglos en sus neumáticos y suspensión por el mal estado de las carreteras de la provincia, fundamentalmente la mencionada N-120, las vías de las comarcas de Viana y Monterrei, o la N-540 que une Ourense y Lugo por Chantada. Los fallos en el firme de esta vía son numerosos, y constantes también los accidentes que ocurren en ella, que abarcan desde pinchazos en coches y motos hasta parabrisas agrietados por el impacto de gravilla suelta, tal y como alertaron los talleres lucenses antes que los ourensanos.

En el conjunto de España, los kilómetros con deterioros muy graves en el pavimento suman 34.000, cerca del triple de los 12.000 que había hace tres años en el país, según este estudio.

Son, en concreto, 33.966 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente, por lo que se necesita acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales (baches y piel de cocodrilo) como superficiales (grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras). Asimismo, se contabilizaron otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años.

La investigación de la AEC concluye que en un cuatrienio sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas (54.373 kilómetros de un total de 101.700), cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80 y principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras.

Para poner a punto las infraestructuras viarias de España serían necesarios 13.491 millones, según cálculos de la AEC. La cifra bate récords, ya que se trata de un 42,7% más de presupuesto que el estimado en 2022.

Las constructoras inciden en los peajes para su mantenimiento

El informe de la Asociación Española de la Carretera llega un día después de que la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), patronal que aglutina a las grandes constructoras del país, presentara sus “Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras”, en las que propone unos peajes medios de 3 céntimos el kilómetro en toda la red de autovías del país, que permitiría recaudar más de 5.700 millones de euros cada año. El informe de Seopan plantea un modelo de financiación de las carreteras españolas ante el déficit de inversión acumulado de 11.494 millones de euros.

El estudio también argumenta que al actual modelo provoca una “desigualdad territorial”, ya que España es el único gran país de la Unión Europea cuya red de carreteras es en su mayoría gratuita y concentra el 68% de los kilómetros de autovías sin peaje de toda Europa, lo que implica que los españoles sí pagan por circular en otros países, mientras que los conductores extranjeros utilizan la red española sin aportar a su mantenimiento. En concreto, 19 países europeos tienen tarificada el 100% de su red de autopistas y otros 5 tienen más del 75%, frente a España, donde solo un 13% de su red de gran capacidad está sometida a peajes.

Actualmente, el mantenimiento de la red viaria española se financia casi exclusivamente a través del presupuesto público, lo que implica que toda la carga económica recae sobre el contribuyente, aunque no use las carreteras.