La UCO y la IGAE detectan irregularidades en la cátedra de Begoña Gómez y contratos de Red.es

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe al juez Juan Carlos Peinado en el que detalla las gestiones realizadas por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, para financiar la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores analizaron correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, que evidencian los contactos de Álvarez con distintas instituciones colaboradoras de la cátedra.

Entre los correos destacados, uno fechado el 16 de febrero de 2022 incluye un borrador de acuerdo con la empresa Mindway, relacionado con programas de formación dentro de la cátedra. En este se contemplan cláusulas sobre beneficios y propiedad intelectual: Mindway debía entregar un 10% de las ganancias a la cátedra y no podía usar los contenidos ni la estructura del máster en caso de rescisión del contrato.

El informe también documenta otras gestiones de Álvarez, como consultas sobre límites salariales, organización de congresos, presentaciones de cursos de verano y reuniones con la Asesoría Jurídica de la UCM, consideradas por los investigadores como “cuestiones más puntuales”.

Irregularidades en contratos de Red.es

Por otra parte, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó irregularidades en contratos adjudicados por la empresa pública Red.es a compañías vinculadas a Juan Carlos Barrabés, también investigado en el caso Begoña Gómez. La IGAE denunció una “gran opacidad” en los procesos de contratación, observada también por la Fiscalía Europea por la posible afectación de fondos comunitarios.

El informe de más de 300 páginas señala que los pliegos de licitación tenían un desequilibrio entre criterios evaluables (42,86%) y no evaluables (57,14%). Además, la valoración técnica fue realizada por la propia mesa de contratación de Red.es y no por un comité externo, lo que contraviene la normativa. La IGAE también critica que las medidas para prevenir conflictos de interés fueron “muy insuficientes” y que se vulneró el principio de transparencia exigido por la ley de contratación pública.

Este doble frente de investigaciones —la UCO sobre la cátedra y la IGAE sobre los contratos de Red.es— amplía la revisión judicial sobre la relación de Begoña Gómez y su entorno con entidades públicas y privadas, en un caso que continúa generando expectación política y mediática.