El PP calma el debate sobre el aborto y apunta al PSOE

“No tengo ningún indicio sobre ese asunto, ni me corresponde contestar, ni honradamente creo que sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla y León”, manifestó ayer el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Cuenca respecto a la disputa entre los socios de gobierno en Castilla y León. Feijóo despachó así su respuesta sobre un posible adelanto en la comunidad que preside Mañueco con apoyo de Vox.

Feijóo giró los focos hacia la respuesta del Gobierno central, que envió un requerimiento para que el gobierno de Castilla y León aclare si habrá o no cambios en la atención que reciben las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. “Mañueco ha sido determinante al decir que no va a haber ningún cambio”, subrayó Feijóo.

Y protestó por el envío de dicho requerimiento, que es “una manipulación burda de los hechos” y “conviene no jugar” con “si una comunidad autónoma cumple o no la Constitución”.

Desde Vox también se rebajó la tensión entre los socios. El vicepresidente de la formación, Javier Ortega Smith, descarta romper el pacto con el PP en Castilla y León, porque “está funcionando muy bien”. Ortega Smith insistió en que su partido “ha dejado constancia en los últimos años de que es un partido de fiar y que cumple con aquello con lo que se compromete”.

Pero el PSOE de Castilla y León exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que rompa su pacto con Vox. “Que rompa el pacto con la extrema derecha y, a partir de ahí, que se comprometa a hacerles un cordón sanitario y, cuando haga eso, nos sentamos con ellos”, dijo en una rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que no opinó sobre un posible adelanto electoral en la comunidad.

“O traga con la extrema derecha o los saca del gobierno”, repitió, antes de pedir a Mañueco que “que se siente a hablar con el Partido Socialista y se comprometa a hacer un cordón sanitario a la extrema derecha en la Junta y en todos los ayuntamientos”.

En el medio del ruido político, ayer se escuchó a la Sociedad Española de Contracepción. En un comunicado, el colectivo médico denuncia que aunque no haya “medidas concretas que valorar” (el protocolo concreto no se ha publicado), rechazan las propuestas que las autoridades regionales dicen que pretenden imponer sobre el aborto a los sanitarios de la comunidad autónoma.

“En ningún caso se admiten posturas que intimiden, presionen o influyan en la decisión de la mujer. Se trata de presuntas exigencias fuera de todo protocolo asistencial local o nacional, que ninguna sociedad científica, ni la OMS admiten”, recuerda la sociedad médica.

Según la sociedad de contracepción, las medidas que se tratan de imponer “no mejorarían la calidad asistencial”, sino que “supondrían una tramitación innecesaria, con un impacto negativo en la recuperación de dicho proceso para la mujer”.

También intervino en la polémica el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que apoya las medidas de disuasión del aborto que pretende implantar Vox en Castilla y León.

“Compro una cajetilla de tabaco y el Estado me obliga a ver imágenes espeluznantes para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer, aunque mi cuerpo sea mío”, pero “voy a abortar y no pueden hacerme oír el latido del feto para que esté bien informada y piense lo que voy a hacer, porque mi cuerpo es solo mío”, recoge un texto que Munilla difundió en redes sociales y que concluye preguntándose: “¿De verdad?”.