El Mundo anticipó las claves para desmontar al fiscal general

Las revelaciones del diario El Mundo fueron clave para destapar el escándalo, mientras que la actuación de los periodistas de Prisa tan solo contribuyó a agravarlo y embarrarlo.

En un tiempo en el que cada vez parece haber más dudas sobre si la prensa sigue siendo el famoso cuarto poder, el trabajo discreto de un grupo de periodistas de investigación del diario El Mundo en busca de la verdad, ha terminado llevando al banquillo de los acusados, por primera vez en la historia de la democracia española, al fiscal general del Estado.

España ha asistido en los últimos meses a una exhibición constante de buen y mal periodismo en torno a un mismo escándalo: el presunto delito de revelación de secretos en la investigación de las filtraciones que afectaron a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. El caso por el que, el pasado martes, fue procesado el fiscal general del Estado. En particular, el juez del Tribunal Supremo acusa al García Ortiz de haber filtrado a la Cadena Ser un correo con información confidencial que el abogado de González Amador intercambió con la Fiscalía, así como el envío del mismo en paralelo a La Moncloa, que a su vez lo hizo llegar al candidato socialista de Madrid Juan Lobato, para que lo utilizara contra Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de la Comunidad.

España ha asistido en los últimos meses a una exhibición constante de buen y mal periodismo en el caso García Ortiz

En esta historia periodística de héroes y villanos están, de un lado, los periodistas del diario El Mundo que dedicaron hasta nueve portadas con exclusivas sobre los pormenores de la actuación de García Ortiz. Informaciones firmadas en su mayoría por Ángela Martialay, aunque también por Esteban Urreiztieta y Manuel Marraco.

Papel bochornoso

Y de otro lado, periodistas de la Cadena Ser y El País que han intentado hasta el último minuto -y siguen intentando- salvar a un insalvable fiscal general del Estado, haciendo un papel bochornoso al servicio del Gobierno y con todo el desprecio posible por la búsqueda de la verdad. Es el caso de Miguel Ángel Campos, responsable de tribunales en la Ser, que contactó con García Ortiz el 13 de marzo, día de la filtración del correo confidencial, y que firmó horas después la pieza con la que la web de la Ser revelaba la información. Y es el caso de los otros cuatro periodistas del Grupo Prisa, redactores de El País, que declararon ante el juez que conocieron el contenido del correo de la polémica 31 horas antes de que García Ortiz lo recibiera. No obstante, sus testimonios fueron descartados por el juez por carecer de “datos objetivos”.

Redondo a Ortiz: “Lo que necesites. No te escondas, ¿una cenita?”

La forzada conexión entre los casos de Begoña Gómez y González Amador explica por qué, incluso tras conocerse el procesamiento de García Ortiz, el Gobierno en pleno y buena parte de su aparato mediático han cerrado filas en torno al fiscal general del Estado sospechoso de haber cometido un delito de revelación de secretos.

Así, mientras Pedro Sánchez defiende “a los fiscales que persiguen delincuentes”, el Gobierno ha tomado la decisión de acelerar al máximo la Ley Bolaños con la que pretenden controlar el acceso a la justicia, y lo ha hecho obviando las protestas de jueces y fiscales que este miércoles se han producido en toda España, en las que se acusa al Gobierno de buscar un Poder Judicial “más maleable” y que han amenazado con “medidas de conflicto más intensas”, como la posible convocatoria de una huelga.

Cabe recordar que el fiscal general del Estado, al renunciar a su esperada dimisión, aguantando en su cargo durante el insólito proceso judicial contra él, actúa como fusible al soportar el coste del escándalo sin moverse del sillón, para que la sobrecarga no alcance de pleno a Pedro Sánchez, a pesar de que el auto menciona que García Ortiz actuó por indicación de presidente del Gobierno.

Apoyo al procesado

Quizá considerando ese sacrificio se entienden mejor las cariñosas palabras que la ministra Ana Redondo dedicó a García Ortiz el pasado martes, cuando coincidieron en un acto en Madrid, en lo que parecía anticipar que todo el Gobierno saldría a arropar al procesado: “Todo lo que necesites. No te escondas, cuenta conmigo. Lo que necesites, ¿una cenita?”. “No estás solo, pues si quieres en Valladolid lo hacemos. Estamos en contacto. Todo lo que necesites, todo”, añadía Redondo, mientras el fiscal general asentía con la cabeza.

Medios entregados a mantener La Moncloa a cualquier precio

Resulta sorprendente que incluso ahora, cuando el fiscal ya está procesado, medios de comunicación, periodistas, y opinadores afines al Gobierno de Pedro Sánchez continúen implicándose en la difícil defensa de García Ortiz, como es el caso de La Sexta publicando un supuesto chat interno de su equipo de Tribunales que pretende demostrar que tenían la información del novio de Ayuso antes de que el correo le llegara al fiscal.

De haber podido demostrar algo así el caso no habría llegado tan lejos, y desde luego el fiscal no se habría visto en la obligación de, según desveló El Mundo tras acceder a los informes de la UCO, borrar apresuradamente los datos de sus dispositivos de comunicación: desde todos los whatsapps (“hasta en dos ocasiones el día que el Tribunal Supremo le abrió una causa”) hasta la eliminación “de forma deliberada” de la cuenta de Gmail donde recibió el mail clave del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ninguno de los indicios que ponen en duda la versión de La Sexta importa lo más mínimo a El País para mantener su defensa asegurando que dicha cadena “redactó la noticia” sobre el novio de Ayuso “cinco minutos antes de que el fiscal recibiera el correo”. Una información que también dan por buena la mayoría de los medios afines al Gobierno, entregados sin rubor a la labor de mantener a Sánchez en La Moncloa a cualquier precio, aunque el precio a menudo sea renunciar al compromiso deontológico periodístico de la búsqueda de la verdad.