La Ley de Memoria aventura un agrio debate parlamentario

El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley de Memoria Democrática para sustituir a la Ley de Memoria Histórica de 2007, y en la que pone el foco en el Valle de los Caídos, pues después de exhumar a Franco hará lo mismo con Primo de Rivera. También busca bororar el legado del franquismo, cómo la anulación de los títulos nobiliarios condedidos durante esa época, e incluso extinguir la la Fundación Francisco Franco. Se encargó de explicar este anteproyecto de ley el nuevo ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, sustituto de Carmen Calvo, en su primera rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gabinete de Pedro Sánchez.

Una ley que aventura un agrio enfrentamiento a su paso por el Congreso de los Diputados. Mientras Bolaños justificó el texto indicando que se homologa la legislación española al del resto de países europeos, añadiendo que cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria, desde la oposición ya critican al Gobierno indicando que esté más preocupado en “mirar atrás” que en centrarse en los problemas que en realidad preocupan a los españoles como el precio de la luz, o ser un “atropello a las libertades”. Mientras, para los socios de Sánchez y quienes le sustentan al frente de Ejecutivo, esta ley todavía se queda corta.

Entre las medidas que pretende tomar el Ejecutivo, y que afectan al Valle de los Caídos, Bolaños avanzó la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor de la basílica, indicando que se efectuará en comunicación con la familia del líder falangista. “Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley”, defendió.

La cruz y la basílica

Asimismo, sobre el futuro de la Cruz que preside el lugar, Bolaños señaló que “la ley establece un marco general para la ‘resignificación’ del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión”. En ese marco, añadió que quieren que también “responda a una defensa, una reivindicación de los valores democráticos”.

Además, la norma también recoge la extinción las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan “con menosprecio a las víctimas” del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. No obstante indicó que no será inmediata pues debe abrirse un procedimiento administrativo y haber una resolución judicial.

En el catálogo de medidas también figura la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo. Para Bolaños la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que confió en que la ley recabe el mayor apoyo posible.

PP y Vox la anularán: “La historia debe ser para los historiadores”

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, criticó ayer que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez esté centrado en “mirar atrás” con la Ley de Memoria Democrática y no se ocupe de los “muchos problemas” que tienen en el momento presente los españoles, como el hecho de que el precio de la luz esté en máximos históricos. A su entender, “mirar hacia atrás” no va a dar “ni futuro ni esperanza”. “Lo que España necesita no es un Gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar y dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un Gobierno que dé soluciones a los problemas reales que tenemos los españoles”, dijo. Gamarra aseguró que es “necesario mirar hacia adelante” y añadió que por eso el PP apuesta por una Ley de Concordia cuando llegue al Gobierno, como anunció el paasdo lunes el líder del PP Pablo Casado desde Ávila y que van a registrar también en la Cámara Baja.

Más contundente fue el portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que calificó la ley de ser “un atropello a las libertades”, por lo que anunció la recurrirán ante el Tribunal Constitucional y si llegan al Gobierno la derogarán. “La historia debe ser para los historiadores y no nos gusta que haya un Gobierno que nos diga lo que tenemos que pensar”.

Desde la Fundación Francisco Franco, su presidente Juan Chicharro, exhortó al PP a luchar “por la defensa de la libertad”y proclamó que “con ley o sin ley nadie nos va a callar”.