A juicio 8 exdirectivos de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

Así lo recoge en un auto la titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Carmen Lamela, en el que además señala al Banco Sabadell y a la Fundación CAM como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.

Los ocho acusados disponen de 24 horas para depositar los cerca de 1.600 millones de euros de fianza que solicita el fiscal, que atribuye a los ocho antiguos miembros de la cúpula, entre ellos el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011.

A ellos el fiscal añade en cada caso otros delitos en función del papel desempeñado en la caja por cada uno de los ocho acusados.

Además de Crespo, López Abad y Amorós, están acusados el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de Recursos Vicente Soriano; al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno.

Como cómplices de falsedad contable, el ministerio público solicita un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.

En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.

La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.

El juicio se celebrará en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.