Imputados dos exaltos cargos de Ayuso por las muertes en residencias
Ambos están citados para dar explicaciones sobre los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores que elaboraron
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo a declarar el próximo lunes 26 de mayo como investigados. Ambos fueron altos cargos del Gobierno regional durante la primera ola del covid-19 y están implicados en la gestión que precedió a la muerte de 7.291 personas en residencias de mayores.
Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, firmó el protocolo que impedía derivar residentes a hospitales. Peromingo, por su parte, fue responsable médico de 47 centros y luego sucedió a Mur en el cargo. El juzgado ha reactivado una causa que fue archivada provisionalmente hace casi tres años.
El caso se reabre a raíz de una denuncia presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de víctimas, impulsada por las plataformas Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. Acusan a varios cargos, incluidos Mur y Peromingo, de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Durante los últimos meses, familiares de fallecidos han declarado ante la Fiscalía para relatar lo ocurrido en las residencias. Las asociaciones celebran que, por primera vez, se cite como investigados a altos responsables del Gobierno regional, ya que antes nunca se les imputó directamente.
Las entidades piden que se esclarezca también el papel del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, cuya implicación consideran clave. Aunque los citados no tienen obligación legal de decir la verdad, los familiares exigen transparencia y responsabilidad.
La denuncia fue repartida entre varias fiscalías locales: Madrid (53 casos), Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13). De los casos de Madrid, 44 ya tenían querellas archivadas, mientras otros seguían en instrucción o se denunciaban por primera vez.
La Fiscalía pidió que se cite como investigados a los autores y firmantes del protocolo, señalando específicamente a Mur y Peromingo. El juzgado de Madrid es el primero en reabrir el caso, aunque otros diez juzgados han mantenido el archivo. En esos casos, tanto Fiscalía como denunciantes han recurrido.
Existen actualmente 92 procedimientos activos vinculados a esta causa. Algunos aún están pendientes de admisión, mientras cinco ya han llegado a la Audiencia Provincial. Las familias han mantenido la presión con homenajes, protestas y un documental, titulado 7.291, que recoge lo sucedido en marzo y abril de 2020.
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