Grietas en el pacto de Castilla y León por las medidas de Vox

Las medidas antiabortistas que quiere implantar Vox en Castilla y León han abierto dos crisis, una en el seno del Gobierno de la Junta, tras las amenazas de la formación de Santiago Abascal por el incumplimiento del acuerdo de investidura que dicen las contempla, y una crisis institucional con La Moncloa, que ha interpuesto un requerimiento de incompetencia para proteger los derechos de las mujeres.

Lo que comenzó el pasado jueves con una rueda de prensa del vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en la que anunciaba una serie de medidas “provida” ha devenido en un lío de desmentidos y reafirmaciones que podría acabar en el Tribunal Constitucional y con la revisión del acuerdo para gobernar la Junta o incluso con una ruptura.

En Vox insisten en que la formación evaluará el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León y “actuará en consecuencia” si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no cumple con el acuerdo. “Se revisarán las condiciones del pacto”, dijó el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Según Espinosa de los Monteros, lo que se hizo público el jueves fue “un protocolo de latido fetal para todas las mujeres embarazadas que quieran” y para “promover el acceso a una ecografía 4D a las gestantes”. Ha señalado además que espera que ese protocolo se emita en las próximas horas o días.

Lo espera también el Gobierno para poder sustanciar el requerimiento de incompetencia dirigido al Gobierno de la Junta, como paso previo a un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Una actuación defendida, en una conversación informal con periodistas en Davos (Suiza), por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque afirma que la administración castellano-leonesa no está siendo clara y vulnera una ley estatal como la de la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconoció por su parte que las medidas anunciadas son todavía desconocidas y ha considerado “contradictorias” e “insuficientes” las explicaciones del presidente y el vicepresidente de la Junta.

Ante la duda de cómo se sustancia un recurso de esta naturaleza si no existe un documento por escrito, fuentes del Gobierno indicaron que el requerimiento se refiere a cualquier actuación, incluidas las constitutivas de vía de hecho, es decir aquellas que no hayan sido aprobadas o que consten en documento alguno pero que se hayan anunciado o exista una instrucción verbal.

Un recurso, explican las mismas fuentes, muy poco utilizado hasta el momento pero del que sí hay precedentes en el pasado, por ejemplo durante el “procés” o en un conflicto, también sobre sanidad, con el Gobierno vasco.

La portavoz del Gobierno aprovechó para arremeter contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de mantener un silencio “cómplice”, al tiempo que ha recordado que fue el PP quien recurrió la Ley del Aborto de 2010 ante el Tribunal Constitucional.

Casi al mismo tiempo que Rodríguez censuraba el silencio de Feijóo durante estos días, el líder del PP señalaba en una entrevista en Telemadrid que daba por zanjada la polémica por las medidas antiabortistas, que no se implementarán, y explicó que el posicionamiento del vicepresidente de Vox no tiene “ningún interés” porque no tiene competencia en Sanidad.

“Ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a ninguna mujer que quiere interrumpir su embarazo conforme a la ley vigente”, recalcó Feijóo.

Mientras tanto, el presidente Mañueco anunciaba en su perfil de Twitter que enviará una carta a Sánchez en la que insiste en que “no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción voluntaria del embarazo” y en que “no se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres”.