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Consejo de Ministros aprobó ayer unos indultos parciales, reversibles y condicionados para los nueve líderes independentistas del procés con penas de prisión, una medida con la que el Gobierno pretende “pasar página” y buscar la convivencia, aunque admite que no son garantía para una solución.
Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el lunes en Barcelona esa aprobación, el Gabinete acordó la medida de gracia con la convicción de que los indultados no volverán a cometer los mismos hechos por los que les condenaron y de que es “muy difícil” que el Tribunal Supremo pueda estimar algún recurso contra ellos y anularlos.
Sánchez ofreció una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en la que insistió en los argumentos expuestos en su intervención en Barcelona y ha explicado que los indultos son parciales, ya que se conmutarán las penas de prisión, pero continuarán las de inhabilitación. Es decir, que los beneficiados por la medida no podrán ejercer cargos públicos mientras la dure la pena. Además, los indultos están condicionados a que no cometan un delito grave en un periodo de entre tres a seis años en función de cada caso o, de lo contrario, esta medida de gracia quedaría sin efecto.
Sánchez insistió en el argumento de la “utilidad pública” para tomar una decisión que espera que abra una etapa de diálogo y se acabe el enfrentamiento. “Hay camino”, proclamó antes de mostrar su convencimiento de que, de acuerdo con el espíritu de concordia de la Constitución, es lo mejor para Cataluña y para España y demuestra la grandeza de la democracia española. La misma que ha pedido que demuestren quienes no son favorables al indulto. No espera que los dirigentes independentistas renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos, y admite las dificultades que hay por delante.
Un mensaje que repitió poco después la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya que ha reconocido que “de ninguna manera está garantizado el éxito de que el conflicto catalán pueda llevarse a buen puerto en un plazo breve de tiempo”. También garantizó que “este Gobierno no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia”, para pedir acto seguido a las fuerzas soberanistas “dosis de realidad y pragmatismo”.
Dada la seguridad de que no se van a repetir los hechos, fuentes del Ejecutivo restan importancia a la falta de arrepentimiento. Consideran que era “el principal escollo” para el diálogo, “un callejón sin salida”, y los indultos quitan argumentos a los independentistas.
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