El Gobierno aprueba ayudas de 20 millones a las víctimas de los accidentes ferroviarios

Óscar Puente destacó que estarán libres de impuestos y se pagarán en un plazo no superior a los tres meses

Recogida de restos del tren Alvia ya seccionados en la zona del accidente ferroviario de Adamuz.
Recogida de restos del tren Alvia ya seccionados en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. | Guillermo Morales / Europa Press

El Gobierno aprobó ayer un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos hace 9 y 7 días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), respectivamente, en los que 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzó que ya se aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de ambos accidentes.

De los 20 millones de euros, la mitad estará destinada a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, el ministro explicó que el importe en caso de persona fallecida ascenderá a 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, en todos los casos libre de impuestos.

En los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran con arreglo al baremo existente en función de su nivel de gravedad y varían desde 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en los casos de lesiones de máxima gravedad, repitiéndose la misma cifra en el caso del anticipo. Asimismo, una vez que el seguro obligatorio determine las lesiones y personas fallecidas, las víctimas recibirán una cantidad adicional idéntica por parte del seguro. De esta forma, en un plazo no superior a tres meses, una víctima por fallecimiento recibirá 210.000 euros. “No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois. Por eso aprobamos esta medida”, señaló el ministro.

Nuevo mecanismo

Por otra parte, Puente anunció que se van a iniciar las modificaciones normativas necesarias para articular un mecanismo estructural de intervención pública, mediante el cual el Estado pueda asumir, con carácter anticipado, el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo. Esto se hará sin perjuicio de la determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables del accidente, garantizando así una atención rápida en este tipo de siniestros.

En la misma rueda, la ministra Portavoz, Elma Saiz, explicó que el Ministerio de Política Territorial también habilitó líneas de atención a las víctimas, con la apertura de oficinas de atención integral en la subdelegación de Gobierno de Huelva y en Barcelona para el caso de Rodalies.

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