Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos por la trama de mascarillas del caso Koldo

Caso Koldo

También solicita 19,5 años para su exasesor y 7 años para el empresario Víctor de Aldama, además de multas millonarias e indemnizaciones a empresas públicas

El exministro José Luis Ábalos a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso.
El exministro José Luis Ábalos a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso. | Jesús Hellín / Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, en el marco de la presunta trama de mascarillas del caso Koldo. Además, reclama una multa de 3,9 millones de euros.

En el escrito de acusación, firmado por el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, se detalla que el juicio se centrará en las supuestas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

La Fiscalía también solicita que se condene a Koldo García, exasesor de Ábalos, a 19,5 años de cárcel por los mismos delitos, con multa de 3,9 millones de euros, y que ambos indemnizen conjunta y solidariamente a Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros). Asimismo, piden el decomiso de ganancias procedentes del delito de cohecho por al menos 430.298,4 euros.

En cuanto a Víctor de Aldama, empresario y presunto conseguidor de la trama, la Fiscalía aprecia la atenuante de confesión y pide 7 años de prisión por tres de los delitos atribuidos a Ábalos y García, junto a una multa de 3,8 millones de euros.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, propuso juzgar a los tres acusados al considerar que, poco después de que Ábalos asumiera el ministerio, se concertaron para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos y aprovechar oportunidades usando su influencia en la Administración Pública.

La decisión se produce tras la división de la causa en septiembre, dejando en la pieza principal las investigaciones sobre los contratos de mascarillas y separando en otra pieza la presunta trama de comisiones relacionadas con obra pública.

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