El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntos delitos en la compra de mascarillas

Los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio durante la pandemia podrían llevar al Tribunal Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha propuesto juzgarles al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal, según recoge un auto dictado este lunes.

Puente sostiene que los tres “se concertaron muy poco después de la toma de posesión del primero como ministro para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos públicos, aprovechando la influencia derivada de su cargo”.

El juez ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el PP— para que presenten sus escritos de acusación o, en su caso, soliciten el archivo de la causa y propongan diligencias complementarias.

Esta decisión llega después de que, en septiembre, el magistrado dividiera la investigación en dos piezas: una centrada en los contratos de mascarillas y otra en la presunta trama de cobro de comisiones por obras públicas, que continúa en una fase inicial.

En el auto, Puente afirma que existen “indicios muy consistentes” de que De Aldama entregó dinero a Ábalos y Koldo García “con el propósito de que realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”. Según el juez, ambos “recibieron esas retribuciones como contraprestación a dichas conductas desleales”.

El magistrado describe además el supuesto papel de cada uno en la trama: De Aldama sería el encargado de localizar empresas dispuestas a pagar a cambio de contratos con la Administración, obteniendo un beneficio económico; mientras que Koldo García, “amparado en su condición de asesor del ministro y su confianza personal”, realizaba las gestiones necesarias, reservando la intervención directa de Ábalos “para cuando su firma o influencia fueran indispensables”.