Fiscalía estudia la imputación por desórdenes para el procés

La Fiscalía se plantea pedir al Tribunal Supremo que sustituya el delito de sedición por el de desórdenes públicos tanto a los condenados por el procés, cuya sentencia debe revisarse a la luz de las reformas penales, como para el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de huidos.

El ministerio público sopesa presentar un recurso contra el auto dictado el jueves por el magistrado del Supremo Pablo Llarena, que aplicó a Puigdemont la derogación del delito de sedición y mantuvo su procesamiento por desobediencia y malversación agravada.

En su auto, Llarena censuraba las reformas penales impulsadas por el Gobierno porque cree que dejan en “un contexto cercano a la despenalización” a los líderes independentistas huidos y descartaba aplicarles el delito de desórdenes públicos, al entender que este solo sanciona a los inductores de alborotos que directamente alteren la paz pública y no es aplicable al caso del procés.

Una tesis de la que la Fiscalía podría desmarcarse si, finalmente, plantea en su recurso que los hechos que en su día constituyeron sedición ahora encajan en el delito de desórdenes públicos.

En paralelo, el ministerio público está preparando las alegaciones que en los próximos días debe presentar ante el Tribunal Supremo sobre cómo deben aplicarse las reformas penales a la sentencia del procés, un informe en el que también podría poner sobre la mesa el delito de desórdenes públicos para los condenados.

La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los condenados de ERC tienen previsto presentar la semana próxima sus escritos ante el Supremo, en los que plantearán que las reformas penales conducen a la absolución de los condenados por el procés.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aseguró que librará “hasta el final” la “batalla judicial europea” para evitar su extradición a España y ha advertido: “No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente. Lucharé para volver libre”.

En un vídeo difundido en redes sociales, sin citar explícitamente a ERC y al Govern de Pere Aragonès, Puigdemont se ha mostrado muy crítico con la reforma del Código Penal pactada por los republicanos con el PSOE.

Mientras, la consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), acusó al juez Llarena de “retorcer y forzar” el delito de malversación en relación a Carles Puigdemont, pero espera en que “decaerá” porque, bajo el punto de vista del Govern, en el referéndum del 1 de octubre “no hubo enriquecimiento”. Por su parte, la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí no se presentará ante el Supremo cuando regrese porque no reconoce “su competencia”.