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España
n n n El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau fue puesto en libertad tras permanecer varias horas detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación por un supuesto delito de cohecho en la que también fue detenido y dejado libre el responsable de Viajes Transvía, Urbano Catalán.
La detención de Grau se produjo en Mislata (Valencia), en el domicilio de su mujer, la también exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, una de las 24 personas que fueron detenidas a finales del pasado mes de enero en el marco del caso Imelsa, por supuestas "mordidas" ilegales en la adjudicación de contratos públicos. A continuación, agentes de la Guardia Civil le trasladaron a su domicilio, en la plaza de la Porta de la Mar de Valencia, a pocos metros del domicilio de la exalcaldesa y actual senadora territorial del PP, Rita Barberá.
El antiguo "número dos" de Barberá en el consistorio permaneció varias horas en compañía de los agentes de la policía judicial y uno de los fiscales anticorrupción en su domicilio, que abandonó minutos antes de las 13.30 horas sin esposas aunque acompañado por varios agentes. Finalmente, fue puesto en libertad alrededor de las cuatro de la tarde y abandonó la Comandancia en un taxi que le recogió dentro de la casa cuartel.
El empresario detenido, Urbano Catalán, también estuvo presente en el registro de una de sus oficinas, ubicada en la calle de Feliu Ventura de Valencia, de donde la Guardia Civil también retiró documentación.
Ambas detenciones no fueron ordenadas por el juez, sino que fueron iniciativa policial. Sin embargo, desde el alto tribunal valenciano se informó de que tanto Grau como el empresario estaban siendo investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato del Ayuntamiento de Valencia.
La causa nació a finales de 2015, cuando el juzgado recibió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra ambos investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a quienes imputa el supuesto delito de cohecho; al empresario como parte activa y al exvicealcalde como parte pasiva. Estas diligencias no guardan relación con las que se siguen en Instrucción 18 por el caso Imelsa.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, aseguró que "llama la atención" que las actuaciones judiciales en materia de corrupción solo afecten al PP en un momento político "delicado" antes de subrayar que no cree por norma general "en la espontaneidad ni en la casualidad" y se refirió así tanto a la detención de Grau como a la posible implicación del expresident de la Generalitat Francisco Camps en una presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano, en unas declaraciones por las que el PSOE exigió su dimisión.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, mostró su "hartazgo" y "tristeza" por los últimos casos de corrupción conocidos que salpican a miembros del PP valenciano y pidió dimisiones en el seno de este partido para que "no se gangrene".n
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