Esperanza Aguirre, libre de imputación en el caso Púnica

El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado desde 2014 el caso Púnica archivó la causa sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, mientras que propuso juzgar al exconsejero Francisco Granados. Como hiciese el año pasado con la también expresidenta regional Cristina Cifuentes, el magistrado Manuel García Castellón acordó sacar de la causa a Aguirre y a González en atención al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el archivo del procedimiento para ambos, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos.

Tras años de investigación, de los 79 imputados, el magistrado sólo ha visto indicios para sentar en el banquillo a ocho, incluido quien fuese secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez, por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos. Lo que ocurre con Aguirre y González es que los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, de modo que el juez ha decidido no enviarles a juicio en el auto, conocido ayer, en el que también rechaza la petición del PSOE y de Adadede investigar al PP.

Además de a Granados y Beltrán, el juez acuerda procesar al que fuera jefe de Gabinete de Aguirre Borja Sarasola; a la ex directora general de Medios de la Comunidad Isabel Gallego; al ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de Madrid José Martínez Nicolás y al empresario Alejandro de Pedros, entre otros. En contra del criterio de la Fiscalía, también archiva la causa para el exconsejero madrileño Salvador Victoria.

DELITOS INVESTIGADOS

Entre los delitos que se han investigado figura prevaricación, malversación, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias. Además de la prescripción de los delitos electorales, el juez cree que no hay “indicios que permitan afirmar” que Aguirre conocía la supuesta financiación irregular que se ha investigado.

Pese a que una conversación mantenida en marzo de 2017 con quien fue su sucesor, Ignacio González, podría revelar que Aguirre “podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral”, el juez cree que dicha conversación también desvela que la expresidenta “no tenía conocimiento de cómo había sucedido”. Y cree que es “insuficiente” sostener una acusación contra ella por haber tenido una “ignorancia deliberada” de estos hechos a tenor de “la ausencia de indicios”. Además, reconoce que Aguirre se benefició de los trabajos de reputación online que llevó a cabo un empresario.