Constitucional y Supremo suben el tono de los reproches

La amnistía entró esta semana en su etapa final después de que el Tribunal Supremo asumiera la doctrina del Constitucional y aplicara la medida de gracia a dirigentes del “procés”, lo que derivó en un cruce de reproches entre los dos máximos organismos judiciales del país, ya que el Supremo criticó la voluntad de “injerencia” del Constitucional, que le achacó excederse de los límites de la norma. Los magistrados del Supremo que juzgaron el “procés” acordaron aplicar la amnistía el martes, si bien solo por ahora al exvicepresidente catalán por ERC Oriol Junqueras y a los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, quedando aún en el aire su decisión sobre el expresident Carles Puigdemont.

La ponencia del auto recayó sobre el juez Manuel Marchena, a la postre presidente del tribunal que juzgó el proceso independentista catalán y una de las grandes figuras de la Sala de lo Penal, que encabezó, mientras que el encargado de redactar la sentencia en el Constitucional fue su propio presidente, Cándido Conde-Pumpido. El magistrado se refirió a una “innecesaria injerencia”, algo que fuentes del Constitucional se afanan en negar, puesto que, bajo su punto de vista, el Supremo parte de una premisa equivocada: no hay extralimitación posible porque la corte de garantías es quien delimita su propio ámbito jurisdiccional. En consecuencia, las afirmaciones del Supremo son legalmente imposibles, señalan las mismas fuentes, que invitan a leer la ley orgánica que regula la corte de garantías y que explica, inciden, que en ningún caso se podrá promover una cuestión de jurisdicción o competencia al Constitucional.

En opinión de las fuentes, lo importante es que los ciudadanos sepan que lo que dice el Constitucional es vinculante, algo que lleva tiempo recordando en público Conde-Pumpido cuando habla de la amnistía. Marchena señaló que las críticas del Constitucional a la interpretación del Supremo para no perdonar la malversación son “consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”.

El magistrado remarcó que cinco magistrados del sector conservador mostraron su disconformidad con la mayoría, por lo que el “significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”.

Por su parte, Conde-Pumpido recriminó que los magistrados del Supremo realizaron una “interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad” de la ley sobre la malversación para eludir perdonarla y exigió que “se declare amnistiado el delito”.