El Supremo inhabilita dos años al fiscal general García Ortiz por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información reservada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, deberá indemnizarle con 10.000 euros por daños morales.

El fallo, que no ha sido adoptado por unanimidad, ha contado con el respaldo de cinco magistrados de la Sala de lo Penal —Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela— y el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. Polo, que era la magistrada ponente del caso, renunció a redactar la sentencia al disentir del sentido del fallo, labor que asumirá finalmente Martínez Arrieta.

La resolución se conoce apenas una semana después de que concluyera un juicio histórico, al tratarse de la primera vez que un fiscal general en activo se sienta en el banquillo de los acusados. Aunque el fallo ha sido comunicado a las partes, la sentencia completa no surtirá efecto hasta su notificación formal.

Durante el juicio, seis acusaciones populares, entre ellas Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el Colegio de la Abogacía de Madrid, reclamaron penas que oscilaban entre dos y seis años de prisión. La acusación particular, ejercida por González Amador, solicitaba cuatro años de cárcel y una indemnización de hasta 300.000 euros, cifra finalmente muy inferior a la fijada por el Supremo.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado defendieron la absolución del fiscal general. A partir de ahora, García Ortiz podría recurrir la decisión ante el propio Supremo mediante recurso de aclaración.