Comienza el juicio contra miembros de La Manada por abusos en Pozoblanco
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El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba acoge desde esta mañana el juicio contra cuatro miembros de La Manada por presuntos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven en Pozoblanco (Córdoba) en mayo de 2016, delitos por los que la Fiscalía solicita siete años de prisión para cada uno de ellos.
En su escrito de acusación, el fiscal imputa estos delitos a Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, que ya se encuentran en la Ciudad de la Justicia de Córdoba tras haber sido trasladados desde la cárcel de Alcolea para ser enjuiciados en una vista que se prolongará hasta el jueves.
Antes de la declaración de los cuatro acusados, el juez está deliberando sobre las cuestiones previas planteadas por las partes, principalmente sobre la petición del abogado defensor de los cuatro acusados que pide la nulidad del proceso al entender que la principal prueba, el vídeo donde se comprueban los presuntos abusos, fue obtenida de forma ilícita.
La investigación de este caso se inició a raíz de la agresión sexual en los Sanfermines de Pamplona de 2016 por el que los cinco miembros de La Manada ya han sido condenados a nueve años de prisión cada uno y en base a un vídeo que los acusados compartieron en un grupo de WhatsApp compuesto por una veintena de personas.
En dicho vídeo se ve a una joven cordobesa inconsciente en un coche, sentada en la parte de atrás entre dos de los acusados mientras que un tercero conducía y el cuarto iba de copiloto.
En septiembre de 2016, esos archivos de vídeo salieron a la luz fruto de una investigación que se estaba desarrollando en Pamplona por la agresión sexual de La Manada a una joven madrileña durante los Sanfermines.
Fue entonces cuando la víctima de Pozoblanco tuvo conocimiento de los mismos, lo que le provocó "estrés postraumático".
El fiscal pide tres años de prisión para cada uno de los cuatro acusados al considerarlos autores de un delito de abusos sexuales, así como otros cuatro años como supuestos autores de un delito contra la intimidad.
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