Un cabo primero niega que se entregaran billetes en el vuelo de ida a Afganistán

A preguntas de los representantes legales de la contratista del vuelo, Chapman Freebron, el testigo dijo desconocer quién planificó en concreto el vuelo y negó haber pagado por el vuelo.

Otro testigo, el teniente de la reserva Fermín Pérez, que estaba destinado en el Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza en el momento de los hechos, dijo ante la magistrada juez, a preguntas de las acusaciones, que ningún mando militar dirigí el vuelo de ida a Kabul del Yakovlev 42, en el que viajó, y dijo no haber sido informado de que el aparato tuviera 'limitaciones' de algún tipo.

A `reguntas de la defensa de Chapman Freebon, Fermín Pérez expresó que 'normalmente viajábamos en nuestros propios aviones' y 'hasta ese viaje', el de ida a Afganistán en el Yakolev 42, nunca había volado en misión militar internacional en aviones civiles. Pérez egó, taxativamente, que el avión fuera militar y, de hecho, 'no tenía ningún control por estamentos militares'.

También en respuesta a la defensa de Champan Freeborn, el teniente Fermín Pérez dijo que, junto con sus compañeros, fue informado oficialmente por parte de su 'jefatura' mediante 'unas órdenes' y con 'un procedimiento normal' de que debía formar parte del relevo de tropas españolas en Afganistán y de que debía tomar el vuelo de ida del Yakovlev 42, sin poder elegir el punto de partida, la ruta y resto de circunstancias del vuelo. 'En absoluto' conocía Pérez quién organizó el vuelo.

Por último, compareció en esta primera sesión del juicio civil el testigo de la acusación Marco Antonio Ruiz, quien se ratificó en la declaración realizada en el juicio anterior.

La defensa de Chapman Freeborn aportó, como ya había hecho en ocasiones anteriores, un documento que identificó como el billete que vinculaba a los militares accidentales con el vuelo mortal. Precisamente, esta prueba fue denegada en el juicio civil que tuvo lugar, también en Zaragoza, en 2006, puesto que -según las acusaciones - fue confeccionado después del accidente.

REPETICIÓN DEL JUICIO

Este juicio ya se celebró los días 24 y 25 de febrero de 2006. En él, fueron condenadas la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (Um Air), la reaseguradora Busin Joint Stock Insurance y la contratista alemana Chapman Freeborn, al pago de unos 10 millones de euros a las familias de los fallecidos.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza, tras el recurso presentado por los demandados, declaró, mediante un auto, en octubre de 2007, la nulidad de las actuaciones al considerar que Chapman Freeborn no había sido debidamente emplazada, por lo que se debía celebrar de nuevo el juicio, que comenzó este lunes.

'NO LAS TENEMOS TODAS CON NOSOTROS'

Así se manifestó Granada Ripollés, hermana del comandante Ripollés, del Ejército de Tierra, uno de los 62 militares fallecidos aquel 26 de mayo de 2003 a bordo del avión Yakovlev 42 en Turquía. Así, Ripollés afirmó que 'no las tenemos todas con nosotros' en el juicio civil.

Lo dijo en declaraciones a los medios de comunicación. Ripollés expresó que los familiares 'queremos que sea una sentencia a favor', lo que en este caso se traduciría en el pago de una compensación económica a los familiares de 60 de los 62 muertos, que mantienen la demanda contra las empresas responsables del vuelo mortal.

Para los familiares de las víctimas, hasta hora 'han sido seis años y medio de problemas', continuó Ripollés, debido a las 'trabas' puestos por los demandados, por ejemplo, la decisión de Champan Freeborn de ausentarse del primer juicio civil. Tampoco acudió este lunes a la primera sesión del nuevo juicio el representante de Chapman Freeborn.

Del mismo modo, otro familiar de una víctima del Yak- 42, Francisco Cárdenas, se preguntó si el representante de Champan Freeborn evitó presentarse por 'miedo a que le peguemos una paliza' y le tildó de 'impresentable' porque 'nos ha tomado el pelo', tras lo que avisó de que los familiares de los fallecidos 'estamos hablando y vamos a hablar más todavía'.

Otra familiar de una de las víctimas, de nombre Rosa, madre del capitán gracia, lamentó que los responsable de Chapman Freeborn 'se nos pitorreen todo lo que quieren' y criticó que la Justicia no haya dado la razón completamente a los afectados.

Varios parientes de los fallecidos se quejaron de que el juicio se esté celebrando en una sala de reducido tamaño, en el edificio de los Juzgados de la Plaza del pilar, lo que ha impedido entrar a medios de comunicación y parte de los familiares. El familiar Carlos Vegas recordó que hay familias que ha recorrido hasta 700 kilómetros para asistir a las sesiones y exigió que se habilite una sala más grande.

EL JUICIO CONTINÚA ESTE MARTES

El Juzgado de Primera Instrucción del número 2 de Zaragoza continuará este martes el juicio civil, día en el que está citado un representante de la empresa Chapman Freeborn. Deberán comparecer en sede judicial.

En concreto, deberán comparecer el representante de Chapman Freeborn, Sergio Núñez, que gestionaba todos los vuelos con el Ejército, así como los que fueran miembros del Estado Mayor Conjunto del Ejército (EMACOM) en el momento de accidente, Alfonso Elías Lorenzo Taboada, Juan Luis Ibarreña y Joaquín Yáñez, imputados por la vía penal ante la Audiencia nacional (AN).

ESTRATEGIA DE LAS ACUSACIONES

Durante el juicio celebrado en 2006, las acusaciones basaron su estrategia en demostrar que el vuelo tenía carácter civil y que, además, las empresas responsables del vuelo no habían respetado el Convenio de Varsovia de 1929, al que está adherida España y que ha sido actualizado en varias ocasiones.

Los abogados que representaban a las familias afectadas indicaron durante esta vista que el vuelo tenía por objetivo revolver a los militares a la Base Aérea de Zaragoza, donde tenían su sede las unidades militares a las que pertenecen los soldados implicados en el accidente, es decir, que se inició después de que los profesionales hubieran concluido su misión en Afganistán y Kirguizistán, por lo que el vuelo no formaba parte de ninguna operación militar y, por tanto, eran civiles.

En esta ocasión, los demandantes son familiares de 60 de los 62 militares fallecidos y exigen el pago de 60 millones de euros a las tres empresas implicadas en el vuelo.

Cabe recordar que en la madrugada del 26 de mayo de 2003, el vuelo 43235 Yakovlev 42, que transportaba a 62 militares del Ejército español proveniente de Afganistán, se estrelló contra las montañas que rodean el aeropuerto de Trabzon, cerca de la ciudad turca de Trebisonda. Fallecieron todos los pasajeros y los 12 tripulantes.

El accidente dio lugar a una causa civil y a una causa penal, en la Audiencia nacional, ya que semanas después de llevarse a cabo los enterramientos se hizo público un informe oficial según el cual las autopsias se realizaron demasiado rápido y de forma incorrecta, de modo que los cuerpos entregados a las familias no correspondían con la identidad de las personas que los forenses españoles asignaban a los restos. Tres militares fueron condenados a seis años de prisión por este motivo.