Abierto juicio oral contra González Amador, novio de Ayuso, por fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal

La jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021, así como por pertenencia a grupo criminal. El procedimiento también afecta a otros cuatro investigados y será juzgado por un Juzgado de lo Penal de Madrid.

En su escrito de acusación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Por su parte, PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, elevan la petición a cinco años de prisión al añadir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

Estrategia de defensa fallida

La defensa de González Amador intentó retrasar la apertura del juicio, alegando que debían resolverse primero los recursos contra el procesamiento. Sin embargo, la jueza rechazó esta petición al no encontrar motivos suficientes, lo que ha permitido que la causa avance.

El 24 de febrero, González Amador se acogió a su derecho a no declarar, siguiendo el consejo de sus abogados, mientras se resolvía un recurso sobre una pieza separada de la investigación.

Origen de la investigación

Las diligencias comenzaron por una denuncia de la Fiscalía, basada en un informe de la Agencia Tributaria sobre la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, vinculada a González Amador. El informe detectó gastos ficticios mediante facturas falsas, simulando servicios inexistentes, con un fraude tributario superior a 120.000 euros, umbral que marca la existencia de delito fiscal.

Estos documentos habrían sido utilizados para reducir la cuota del Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2020 y 2021. Según la denuncia, se trataba de "gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados, con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que correspondía".

Contexto y próximos pasos

La investigación también apunta a que González Amador habría utilizado una sociedad instrumental para ocultar ingresos, algo que él niega, alegando que los beneficios obtenidos por servicios a Quirón Prevención fueron declarados correctamente.

El juicio oral determinará si existió una red de colaboración con otras empresas y personas para defraudar a Hacienda. Contra la apertura de juicio cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, aunque este recurso no detendrá el proceso penal.