Uruguay, ante riesgos estratégicos por las patrulleras

El Senado uruguayo lanzó esta semana una comisión para evaluar si abrir una investigación parlamentaria sobre el contrato entre el Estado y el astillero vigués Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas, a solicitud de Frente Amplio. Llega tras el anuncio del presidente de la semana pasada de rescindir el contrato.

La crisis de las patrulleras llegó esta semana al Parlamento del país y podría derivar en la creación de dos comisiones, porque el Partido Nacional evalúa impulsar otra en la Cámara de Diputados.

El caso tiene muchas aristas para Uruguay, según un análisis de “Zona Militar”: política interna, ejecución contractual, gobernanza institucional y credibilidad internacional.

El contrato, por un valor de 82,2 millones de euros, ya registra una ejecución cercana al 30% y la rescisión anunciada por el presidente Yamandú Orsi abre una cadena de riesgos. El caso ha copado los medios de comunicación del país las últimas semanas, algo poco habitual tratándose de una compra vinculada al ámbito de la defensa.

Según “Zona Militar”, la rescisión unilateral, anunciada antes de concluir los procedimientos contractuales, expone al Estado uruguayo a un conflicto judicial de gran magnitud. El contrato establece la jurisdicción de los tribunales uruguayos para los aspectos jurídicos, el arbitraje técnico a cargo de Lloyd’s Register y, subsidiariamente, el arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París.

Añade que, más allá del litigio económico, la decisión tiene “implicaciones estratégicas de soberanía”, porque los patrulleros oceánicos estaban llamados a reforzar la presencia en sus aguas marítimas.

Existe además un riesgo geopolítico y comercial, porque España es un actor relevante dentro de la Unión Europea. “Una rescisión unilateral, acompañada de acusaciones públicas no probadas judicialmente, puede escalar del plano contractual al diplomático y comercial”, añaden los especialistas.

Así que, en un momento particularmente sensible para el acuerdo Mercosur–Unión Europea, “Uruguay se expone a quedar asociado a la percepción de un país que no garantiza previsibilidad jurídica en contratos complejos, como es el sector defensa. No es necesario que el acuerdo se caiga formalmente para que el daño exista”.

Finalmente apunta que la situación podría estar comprometiendo “la credibilidad del Uruguay a largo plazo”.