Uruguay baraja a Navantia para retomar las patrulleras
Naval
El Ejecutivo mantiene la prudencia, pero diversos medios del país señalan al astillero público español Navantia entre esas cinco opciones que el Gobierno está analizando
Tras la rescisión del contrato con el astillero vigués Cardama, el gobierno uruguayo ha iniciado una etapa de evaluación técnica para reactivar la construcción de dos patrulleras oceánicas, un proyecto que considera estratégico. El presidente de la República, Yamandú Orsi, ya avanzó que analiza al menos cinco nuevas ofertas internacionales, pero los medios de comunicación del país van más allá y aseguran que el Gobierno analiza contratar al principal astillero militar español, Navantia, por su experiencia en el sector.
Ayer Orsi estuvo en el Parlamento para rendir cuentas sobre el primer año de su administración y explicó que “no hay transformación posible sin bases firmes, no hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles”, una frase con la que se refirió a “contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como el tema de las patrulleras oceánicas”, precisó.
Aunque el Ejecutivo mantiene la prudencia para no interferir en la fase competitiva, diversos medios señalan al astillero público español Navantia entre las opciones que el Gobierno baraja para el suministro de las embarcaciones. Así, vinculan esta posibilidad con las declaraciones del presidente, quien confirmó que entre las cinco ofertas recibidas existe una propuesta proveniente de una empresa española con "varios astilleros", un perfil que coincide con la estructura de la compañía pública.
El gobierno se ha fijado un cronograma ajustado para definir la compra. Según citan fuentes oficiales de la Presidencia de la República, el objetivo es preseleccionar las dos opciones más convenientes antes de que finalice el mes de marzo.
En paralelo, la situación ha generado un intenso debate político. Tras la rescisión con Cardama, el Parlamento ha constituido una comisión investigadora bicameral. El oficialismo y la oposición buscan esclarecer los detalles administrativos del acuerdo fallido, mientras el Ministerio de Defensa trabaja en acciones legales para recuperar el patrimonio estatal comprometido.
El plan de vigilancia costera, que el gobierno busca ejecutar antes del fin del quinquenio en 2030, no se limitará únicamente a estas patrulleras. La administración ha confirmado que también analiza la incorporación de herramientas complementarias, como lanchas rápidas y una solución intermedia mediante una embarcación ofrecida por Estados Unidos.
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