Un tribunal evita embargar a la selección española en EEUU
El juez Bates, de Washington, frena en pleno Mundial a los acreedores por los recortes a renovables
La justicia de Estados Unidos blindó a la selección española de fútbol de las amenazas de embargo durante el Mundial que se está celebrando en el país por los acreedores que pleitean con el Reino de España por el cobro de indemnizaciones por los recortes a las renovables en 2013.
Así, en un fallo emitido el pasado 22 de junio por el juez John D. Bates, el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia (Washington) estimó la petición de España y ordenó modificar las citaciones judiciales (subpoenas) con las que acreedores como el fondo Blasket Renewable Investments buscaban obtener información financiera de los proveedores del equipo nacional en el torneo.
El demandante, Blasket Renewable Investments, obtuvo un fallo a su favor por más de 47 millones de dólares contra el Reino de España y, en sus esfuerzos por cobrar la deuda, emitió citaciones a terceras empresas con sede en Estados Unidos que prestan servicios a la selección española en el marco del Mundial de la FIFA 2026.
No obstante, el Reino de España presentó una moción para anular o modificar estas citaciones y, aunque Blasket argumentó que España no tenía legitimación para oponerse a ellas, el juzgado resolvió que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la selección no son “alter egos” del Estado.
El tribunal concluyó que, para investigar activos de una entidad instrumental de un país soberano, debe demostrarse un control estatal directo y amplio. En este caso, se subraya que la Federación opera con independencia presupuestaria y es gestionada por órganos electos.
Batalla legal
Esta sentencia da al Gobierno español margen en su disputa con los acreedores por los impagos de los laudos arbitrales internacionales derivados de los recortes a las energías renovables en 2013.
España mantiene actualmente pendientes cerca de treinta laudos arbitrales internacionales, con resoluciones ya favorables en Estados Unidos por un importe cercano a los 700 millones de euros, además de otros procedimientos en países como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Singapur.
La deuda total reclamada asciende a más de 2.330 millones de euros, incluyendo intereses de demora, costas judiciales y otros recargos.
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